El presidente Javier Milei oficializó este lunes, a través del Boletín Oficial, el veto total a las tres leyes sancionadas por el Congreso el pasado 10 de julio. Las mismas son las referidas a los aumentos en jubilaciones, la reincorporación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia nacional en discapacidad.
En los considerandos del decreto 534/2025, el Poder Ejecutivo argumentó que las iniciativas eran fiscalmente irresponsables y contrarias a la Ley de Administración Financiera al no especificar fuentes de financiamiento genuinas.
Respecto a las jubilaciones, la ley aprobada en ambas cámaras preveía un aumento real del 7,2% para todos los haberes y pensiones (exceptuando los regímenes especiales) y un incremento del bono previsional, que pasaría de $70.000 a $110.000, con actualizaciones atadas a la inflación. También planteaba la restitución por dos años de la moratoria provisional, que permite a quienes no alcanzan los 30 años de aportes comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.
Estas medidas implicarían un incremento del gasto público equivalente al 1,68% del PBI. Además, el gobierno considera que fueron aprobadas en un contexto de “creciente presión electoral” e intensificación de campañas políticas, tanto a nivel nacional como provincial, de cara a las elecciones legislativas de octubre.
Por otra parte, el proyecto 27.793 declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026, creaba una nueva pensión no contributiva compatible con el trabajo formal y establecía actualizaciones automáticas de aranceles y compensaciones para prestadores. El Ejecutivo estimó su implementación implicaría un gasto de más de 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026, sin contemplar el impacto en el programa de atención médica “Incluir Salud”.
