El gobierno provincial lo comunicó a través de una resolución. La medida regirá hasta el 1 de octubre de 2026.
El Gobierno de Santa Fe prohibió la exportación de cualquier especie de pescado capturada en los ríos que atraviesan su territorio hasta el 1 de octubre de 2026. Además, suspendió —por el mismo período— la entrega de licencias de acopio vinculadas con la comercialización y el transporte con destino a la exportación.
La resolución lleva las firmas de los ministros de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. La medida no incluye a los pescados o subproductos destinados al mercado interno argentino, ni a las acopiadoras que acrediten que los ejemplares o productos destinados a la exportación provienen de la acuicultura (criaderos).
La decisión ya fue comunicada a la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL), al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) —dependiente de la Secretaría de Bioeconomía del Ministerio de Economía de la Nación— y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Plan de Reconversión Pesquera para Santa Fe
A principios de octubre, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático llevó adelante la segunda reunión del Consejo de Reconversión Pesquera, un espacio que —por primera vez desde su creación— fue convocado de manera formal por la actual gestión.
En ese encuentro se presentó el Plan de Reconversión Pesquera, cuyo objetivo es garantizar el uso sostenible del recurso íctico del río Paraná.
Según información oficial, “el plan establece lineamientos para ordenar la pesca en la provincia, reforzar los controles, mejorar los sistemas de fiscalización en puertos y promover el consumo interno de pescado de río, además de articular con el resto de las provincias litoraleñas políticas comunes que garanticen la conservación del recurso en toda la cuenca”.
La reunión contó con la participación de organizaciones de pescadores, sindicatos, representantes del ámbito académico y científico, instituciones judiciales, entidades gubernamentales y organizaciones socioambientales.
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, “este proceso marca un hito institucional en la historia del manejo pesquero en la provincia, reforzando el compromiso del gobierno santafesino con la construcción colectiva de políticas públicas sustentables”.
