El Ejecutivo incorporará la imprescriptibilidad de la corrupción al proyecto de reforma integral del Código Penal que enviará al Congreso en sesiones extraordinarias. La medida busca acelerar el debate a través de una comisión bicameral y forma parte de un paquete más amplio de endurecimiento de penas y nuevas figuras penales
El Gobierno impulsará que los delitos de corrupción sean declarados imprescriptibles y planea incluir esa reforma dentro del nuevo Código Penal que enviará al Congreso durante las sesiones extraordinarias. Según confirmaron fuentes oficiales, la iniciativa se terminará de ajustar en el Ministerio de Seguridad, última instancia de revisión del texto elaborado por la comisión de juristas coordinada por el juez Mariano Borinsky y en la que participaron el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el viceministro Sebastián Amerio. En Justicia aseguran que la propuesta “está a estudio”.
Actualmente, los delitos prescriben cuando transcurre un plazo igual a la pena máxima prevista para cada figura sin que exista una sentencia firme. Solo ciertos delitos —como los de lesa humanidad o los atentados contra la democracia— son imprescriptibles. La reforma, si se aprueba, regirá únicamente para los hechos cometidos después de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.
El proyecto también eleva penas: el enriquecimiento ilícito podría llegar a 15 años de prisión y las coimas a 10 años, cuando hoy la máxima es de seis. La imprescriptibilidad de la corrupción ya generó debate en la justicia: fallos de 2016 y 2018 intentaron avanzar en ese sentido, aunque la Corte Suprema los dejó sin efecto por cuestiones formales, sin descartar el criterio de fondo.
El Gobierno quiere que el proyecto sea tratado por una comisión bicameral de diputados y senadores, mecanismo que ya se utilizó para aprobar el Código Civil y Comercial. Esto permitiría acortar los tiempos legislativos y evitar la vuelta del texto entre cámaras en caso de modificaciones. El ministro del Interior, Diego Santilli, ya incluyó la reforma penal en sus conversaciones con gobernadores para buscar consensos.
Además de la imprescriptibilidad, el nuevo Código Penal propone endurecer penas, limitar la liberación anticipada y ampliar la participación de las víctimas. La reforma introduce nuevas figuras como el “stealthing”, el acoso sexual en ámbitos de trabajo o estudio, la estafa piramidal y modalidades específicas de robo como las de “motochorros” o “viudas negras”. También agrava los delitos sexuales, la trata, el grooming, la pornovenganza y los crímenes cometidos contra funcionarios, docentes, niños o mayores de 65 años.
El proyecto, presentado por Borinsky en distintas provincias y en la cárcel de Ezeiza junto al presidente Javier Milei y Patricia Bullrich, busca reemplazar un Código Penal vigente desde 1921 y modificado a través de más de mil parches legislativos en un siglo.
