El Gobierno encara el tramo final de las conversaciones con la oposición antes del inicio de las sesiones extraordinarias. Gobernadores reclaman cambios en el artículo que reduce Ganancias para sociedades y advierten por el impacto en la coparticipación.
El Gobierno afronta la última semana de negociaciones informales con la oposición antes del inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso, en las que buscará avanzar con la aprobación de la reforma laboral. La iniciativa, impulsada a partir de los lineamientos del Consejo de Mayo, ya cosechó respaldos clave, pero mantiene abiertos varios frentes de conflicto, en especial con las provincias y el sector sindical.
El proyecto había sido presentado para su tratamiento en diciembre, pero el anuncio de un paro con movilización por parte de la CGT y la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza llevaron a postergar su debate. La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, optó entonces por priorizar la sanción del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, aunque logró que la reforma laboral obtuviera dictamen para agilizar su discusión en febrero.
Ahora, el oficialismo apunta a llevar la iniciativa al recinto de la Cámara alta durante la segunda semana del próximo mes. Para eso, Bullrich conformó durante el receso legislativo una comisión técnica encabezada por la abogada Josefina Tajes, que recibió a representantes políticos, sindicales y sociales para canalizar observaciones y sugerencias. Según fuentes parlamentarias, se registraron cerca de dos mil pedidos de audiencia vinculados al proyecto.
En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó las reuniones con gobernadores para consolidar apoyos. Si bien algunos mandatarios expresaron respaldo al rumbo general de la reforma, otros plantearon fuertes objeciones, en particular por el impacto fiscal. Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, coincidieron en cuestionar la falta de consideración hacia el interior productivo y reclamaron cambios concretos.
El principal foco de tensión es el artículo que reduce el impuesto a las Ganancias para sociedades. La propuesta oficial plantea bajar las alícuotas coparticipables: del 30% al 27% en el tramo 2 y del 35% al 31,5% en el tramo 3. Las provincias advierten que la medida recortaría recursos y reclaman una revisión del esquema o algún tipo de compensación. También hay resistencias a otros incentivos tributarios incluidos en la norma, como devoluciones aceleradas de IVA.
En este contexto, este lunes volverá a reunirse en la Casa Rosada la mesa política del Gobierno para evaluar el escenario y definir la estrategia legislativa. Del encuentro participarán Santilli, Bullrich, la secretaria general Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el titular de Diputados Martín Menem y el asesor presidencial Santiago Caputo.
Mientras tanto, el frente sindical se mantiene en alerta. Dirigentes de ATE y la UOM ya advirtieron que podrían avanzar con medidas de fuerza antes del tratamiento parlamentario. La CGT, en tanto, cuestiona puntos centrales del proyecto, como el Fondo de Asistencia Laboral para indemnizaciones, los cambios en la retención de aportes y las modificaciones a los convenios colectivos.
Desde el oficialismo aseguran que el diálogo continúa abierto. “Estamos escuchando a todos y vamos a tomar las propuestas razonables que apunten a un mercado laboral que crezca. Lo que no queremos es que todo quede igual”, afirmó Tajes. Con el calendario corriendo y los apoyos aún en construcción, el Gobierno entra así en una semana decisiva para el futuro de la reforma laboral.
