Luego de la visita del director del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) Pier Luigi Chiatti en el Concejo Municipal del martes último, la oposición justicialista volvió a poner en agenda una preocupación como es la falta de previsibilidad que atraviesan las 315 familias adjudicatarias de los lotes del plan «Mi suelo» en el barrio 42, ubicado al noreste de nuestra ciudad.
Al respecto, el concejal Juan Senn fue claro al señalar que el problema de fondo no es solo el valor de las cuotas, sino la ausencia de planificación del Estado municipal. «Cuando las cuotas se modifican cada tres meses sin un horizonte claro, no hay posibilidad real de planificar. Eso no es un error administrativo: es una falta de planificación que termina pagando la gente», afirmó.
Si bien desde el IMV se brindaron explicaciones sobre el esquema de actualización de las cuotas, los concejales coincidieron en que las respuestas fueron insuficientes y no despejaron la principal demanda: saber con anticipación cómo y bajo qué criterios evolucionarán los valores.
En la oportunidad, el funcionario municipal precisó que «cada trimestre se sostienen las cuotas y el congelamiento de los últimos 12 meses, habiendo aumentado un 2,64% la cuota en 2025».
Actualmente, el valor de la cuota es $159.400. «Ese valor se definió la aplicación del índice de casa propia en diciembre de 2025 para el primer trimestre de 2026. Normalmente, el directorio del IMV debate este tema en las reuniones con información sobre cómo se dio la cuestión económica en los últimos meses para sostener o no el congelamiento durante 2025. Veremos la dinámica que se toma para el 2026», agregó Chiatti.
Incertidumbre familiar
Desde el bloque del PJ remarcaron que la incertidumbre en los montos condiciona directamente la decisión de construir y avanzar con un proyecto de vida. «Los vecinos quieren cumplir, quieren pagar y quieren construir, pero sin reglas claras es imposible organizar la economía familiar», sostuvo Senn durante el encuentro.
En ese sentido, el edil advirtió que la política habitacional no puede manejarse con una lógica financiera de corto plazo. «La vivienda no es una tasa ni un servicio. Estamos hablando del futuro de 315 familias que necesitan previsibilidad, estabilidad y un Estado que las proteja», remarcó.
«El Estado no puede reaccionar tarde ni explicar aumentos después de que ocurren. Tiene la obligación de anticiparse, planificar y dar certidumbre. Gobernar también es prever», afirmó Senn, quien adelantó que el bloque continuará exigiendo reglas claras y previsibles.
«Las familias no están pidiendo privilegios, sino seguridad y claridad para tomar decisiones. Nuestro rol es defenderlas y señalar cuando la falta de planificación pone en riesgo derechos básicos. Este tema no se cierra hasta que haya respuestas concretas», remarcó el concejal justicialista.
