El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, desafió a los vecinos que cuestionaron la prohibición de lavacoches a que les den trabajo en sus casas. La respuesta, lejos de ordenar el debate, trasladó la responsabilidad del municipio a la ciudadanía. Desde CASTELLANOS, analizamos lo que esa reacción dice sobre su forma de gobernar.
El contexto es conocido. Después de dos años de intentos fallidos (registros, chalecos, patrullajes, promesas de reinserción) el Concejo sancionó una ordenanza que prohíbe la actividad de lavacoches en la Zona de Estacionamiento Controlado. El reciente decreto firmado por el Ejecutivo, establece un plazo de 60 días para su aplicación efectiva y contempla multas no sólo para quienes desarrollen la actividad, sino también para los vecinos que «se dejen» lavar el vehículo o faciliten agua y herramientas. üÿ
La medida, exige templanza y liderazgo. Sin embargo, el intendente optó por otro camino. Ante los cuestionamientos ciudadanos, publicó un video en sus redes sociales con un tono alterado, señalando que quienes critican deberían «juntarse diez o veinte» y contratar a un lavacoches para pintar, cortar el césped o limpiar la casa. El mensaje es claro: si el problema persiste, la responsabilidad no es del Estado, sino de los vecinos.
El desplazamiento no es menor. En democracia, el rol del intendente no es retar a quienes lo votaron, sino ofrecer respuestas institucionales. Cuando un jefe del Ejecutivo habla en términos de «nosotros» y «ustedes», separando gobierno de ciudadanía, está exhibiendo una concepción equivocada del poder. El «nosotros» del Estado no es un club cerrado; gobierna con recursos públicos, que son de la gente. La distancia discursiva revela una distancia política más profunda.
Cuando gobernar se convierte en reprochar
La ordenanza contra los lavacoches surge luego de una sucesión de políticas que fracasaron por falta de continuidad, eficacia o decisión. Desde registros formales hasta intentos de reinserción laboral, pasando por patrullajes que generaron conflictos con el propio personal municipal, ninguna de esas iniciativas logró resultados sostenidos. üÿ
Frente a ese historial, la nueva prohibición aparece más como un gesto de autoridad que como una solución estructural. Y en ese marco, el desafío público a los ciudadanos profundiza una lógica preocupante: responsabilizar a la sociedad por aquello que el Estado no consigue ordenar.
La politóloga Hannah Arendt, en «La condición humana» (1958), advertía que el poder político se debilita cuando se confunde autoridad con imposición verbal. La autoridad genuina no necesita elevar el tono ni señalar con el dedo; se sostiene en la capacidad de resolver y en la legitimidad que otorgan los hechos.
Cuando un intendente invita a los vecinos a «hacer su parte» como si no la hicieran ya (votando, pagando impuestos y exigiendo seguridad) lo que está mostrando no es firmeza, sino desorientación. La ciudadanía no reemplaza al Estado. No está para absorber el conflicto social que la gestión no logra administrar.
Además, la propia estructura de la ordenanza deja interrogantes. Multar al propietario del vehículo que acepta el lavado, aun sabiendo que difícilmente esa sanción recaerá efectivamente sobre quien ejerce la actividad informal, parece trasladar el peso de la política pública al eslabón más visible y más cumplidor del sistema. Una vez más, el Estado actúa donde puede y no donde debe.
Desde CASTELLANOS, sostenemos que la problemática de los lavacoches requiere decisión política, planificación social y capacidad de articulación, no desafíos personales ni reproches públicos. Gobernar implica hacerse cargo, incluso cuando las soluciones son complejas. Porque cuando el jefe del Ejecutivo pierde la templanza y responde con soberbia, no está mostrando carácter: está evidenciando que la responsabilidad le queda grande.
