La situación con el tema lavacoches es la piedra angular de la actual gestión local, que apunta a poder anotarse un poroto en el tanteador, sobre todo después de haber sido vapuleada en estos dos años. Desde el sector comercial se muestran expectantes y esperan que el problema no se traslade a otros sectores. Además, piden por una fuerte campaña de concientización y analizar detenidamente el tema de las multas que se aplicarán ya que estas perjudicarán solo a vecinos y comerciantes.
El decreto firmado por el intendente Leonardo Viotti que prohíbe la actividad de lavacoches y trapitos en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) generó una reacción inmediata del sector comercial. Desde el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) acompañaron la medida, aunque dejaron en claro que el desafío no está en el anuncio sino en la ejecución.
Desde el sector empresarial valoraron el decreto de prohibición de la actividad de lavacoches y trapitos en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC), aunque esperan que la misma se pueda controlar completamente y que no se traslade a otros sectores de la ciudad.
En diálogo con Diario CASTELLANOS, Germán Ciceri, presidente de la Comisión de Comercio y Servicio de la entidad, afirmó que se trata de «una medida que acompañamos, que apoyamos y que vemos muy bien», al tiempo que reconoció que su aplicación requerirá un período de adaptación y un seguimiento permanente, pero que en definitiva era lo que esperaban, luego de que éste tema haya sido uno de los principales ejes de campaña por los cuales Viotti llegó a ser intendente.
«Es un reclamo que tiene el sector comercial desde hace muchísimo tiempo», expresó Ciceri, al remarcar que la problemática se fue extendiendo en los últimos años tanto en el microcentro como en paseo Roca, Lehmann e Yrigoyen. Según recordó, los relevamientos del 2025 daban cuenta de alrededor de 80 lavacoches en el centro el año pasado, cifra que —según indicó— «se va expandiendo» y alcanza cada vez más cuadras. Es más, según indicó el propio intendente al momento de la firma del decreto, actualmente serían 100 las personas que ejercen la actividad en la ciudad.
Una nueva medida a un problema de larga data
Así mismo, el dirigente empresarial, admitió que el actual decreto representa un intento distinto frente a alternativas previas que no lograron resultados esperados. En más de una oportunidad, desde CASTELLANOS repasamos las diversas iniciativas que se han tratado de implementar en los últimos años y que no han prosperado, entre ellas chalecos azules, registros, capacitaciones, programas de aprendizaje, inserción laboral, entre otras.
«Se han probado distintas opciones que no funcionaron. Es un tema de muy larga data y de difícil solución», señaló Ciceri. En ese sentido, valoró que la propuesta oficial no se limite a prohibir la actividad, sino que también apunte a desalentar la contratación del servicio por parte de los conductores y a impedir que se faciliten elementos para la actividad.
En este punto, el dirigente comparó este mismo tema de los lavacoches, con lo que viene sucedido en Santa Fe, donde también rige una prohibición hacia la actividad, pero que a priori no ha logrado desalentarla. «Esta propuesta es distinta porque también busca desanimar a las personas para que ellos se nieguen a contratar trapitos o lavacoches», explicó Ciceri, aunque subrayó que será clave una correcta comunicación y un tiempo de adaptación para comerciantes y ciudadanía.
El impacto en la vida comercial y las multas
El empresario local y dirigente del CCIRR puso el foco en el impacto que tiene la presencia de lavacoches sobre la experiencia de compra y la convivencia en el centro de estos sujetos con los vecinos. «Modifica la experiencia de quienes se dirigen al centro para hacer compras. Además, hay una cuestión de deterioro social importante, con más personas durmiendo en la calle, más conflictos territoriales, disputas y peleas entre ellos, entonces es realmente dificultoso», describió.
Consultado sobre el esquema de corresponsabilidad —que prevé multas para el lavacoche, para quien se deje lavar el vehículo y para quienes faciliten agua o elementos—, Ciceri reconoció que se trata de un punto sensible. «Son los menos los comerciantes que estaban prestando agua. Hay un proceso de empatía, muchos no son malas personas, pero el comerciante queda expuesto. Denunciar puede implicar represalias, encontrarse con el local sucio o dañado. Es una situación compleja», explicó.
Asimismo, planteó dudas respecto de la efectividad de sancionar únicamente al trabajador informal. «Multar al lavacoche no impacta en nada dentro del proceso, porque esta persona no va a pagar esa multa y no va a modificar su conducta. En cambio, sí impacta en el ciudadano común o en el comercio, porque esa multa la van a pagar», sostuvo.
Pese a esas reservas, Ciceri consideró que la iniciativa es «una propuesta superadora» frente a intentos anteriores y que el sector comercial está dispuesto a acompañar el proceso. «Hay cosas que nos gustan y otras que no, pero entendemos que hay que encontrarle una vuelta. Son nuevas disposiciones y vamos a tratar de implementarlas lo mejor posible», afirmó.
Con la mirada puesta en el 15 de abril, fecha en la que comenzarán a aplicarse las sanciones tras el período de 60 días de concientización, el dirigente anticipó que será fundamental evaluar la recepción social de la medida. «Son procesos que necesitan feedback, ver cómo lo recibe la ciudadanía y el comerciante. Entiendo que habrá espacio para ajustar y mejorar la implementación», concluyó.
