El Senado de la Nación se prepara para debatir un proyecto de Ley de Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional que propone modificaciones en áreas clave como la compra de tierras por parte de extranjeros, las expropiaciones, los desalojos, el manejo del fuego y la modernización de los registros inmobiliarios.
Aunque la iniciativa original presentada por el Poder Ejecutivo contemplaba una desregulación más amplia, el dictamen que llegó al Senado incorporó cambios y limitaciones tras las negociaciones legislativas. Aun así, la propuesta sigue generando fuertes discusiones entre oficialismo, oposición, organizaciones ambientales, entidades sociales y representantes de la Iglesia.
Tierras rurales: más autonomía para las provincias
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la modificación del régimen de tierras rurales.
La propuesta elimina los límites nacionales que actualmente restringen la titularidad extranjera sobre tierras productivas. Entre ellos, desaparecen el tope del 15% de propiedad extranjera sobre el territorio nacional y el límite de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo.
Sin embargo, la regulación no desaparece por completo. El dictamen establece que serán las provincias las encargadas de definir si mantienen restricciones y cuáles serán sus alcances.
Los Estados extranjeros seguirán teniendo prohibida la compra de tierras sin autorización expresa del Gobierno nacional y de la jurisdicción provincial correspondiente.
Para provincias con fuerte perfil agropecuario como Santa Fe, Córdoba o Entre Ríos, el debate adquiere una relevancia especial debido al peso económico y estratégico de la tierra rural.
Cambios en la Ley de Manejo del Fuego
Otro de los capítulos más discutidos modifica aspectos de la Ley de Manejo del Fuego.
La iniciativa elimina los plazos que actualmente impiden modificar el uso de terrenos incendiados durante 30 años en zonas agrícolas y 60 años en bosques nativos.
Según el oficialismo, las restricciones vigentes afectan a propietarios que sufren incendios accidentales y generan trabas para la inversión.
Por el contrario, organizaciones ambientalistas advierten que la medida podría debilitar una herramienta creada para desalentar incendios intencionales vinculados a la especulación inmobiliaria o productiva.
El texto mantiene las protecciones establecidas por la Ley de Bosques para las áreas categorizadas como bosques nativos.
Expropiaciones y desalojos
El proyecto también propone redefinir el concepto de utilidad pública, limitando los casos en los que el Estado puede avanzar con expropiaciones.
Desde el Gobierno sostienen que la medida busca fortalecer la seguridad jurídica y garantizar una mayor protección de la propiedad privada.
En paralelo, se incorpora un procedimiento sumarísimo para agilizar los desalojos de inmuebles ocupados.
Durante el tratamiento legislativo se agregaron algunas garantías sociales. En los casos donde existan menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad, el juez deberá dar intervención a organismos competentes y otorgar un plazo para intentar encontrar una alternativa habitacional antes de concretar el desalojo.
Digitalización de los registros
La iniciativa incorpora además un capítulo destinado a la modernización administrativa.
Entre las medidas previstas figuran la digitalización de registros, la implementación de firma digital y la creación de una Ventanilla Única Federal destinada a simplificar trámites vinculados a la propiedad inmueble.
Según el oficialismo, estas modificaciones permitirían reducir tiempos burocráticos y mejorar la coordinación entre provincias y organismos nacionales.
Críticas y apoyos
Mientras el Gobierno busca avanzar con la media sanción, distintos sectores expresaron reparos.
En los últimos días, organizaciones ambientales cuestionaron especialmente los cambios en la Ley de Manejo del Fuego, mientras que referentes sociales y eclesiásticos manifestaron preocupación por algunos aspectos vinculados a desalojos y acceso a la tierra.
Entre ellos, la Iglesia Católica y Cáritas difundieron documentos donde expresaron objeciones al proyecto y pidieron abrir instancias de diálogo antes de una eventual aprobación.
Un debate con impacto federal
Más allá de las diferencias políticas, especialistas coinciden en que la iniciativa podría tener efectos importantes sobre el desarrollo productivo, la administración de tierras, la inversión privada y las políticas ambientales.
Por ese motivo, la discusión en el Senado es seguida de cerca por gobernadores, sectores agropecuarios, cámaras empresariales y organizaciones sociales de todo el país.
