Los suboficiales de la Brigada Motorizada permanecen detenidos y serán imputados por el fiscal de Violencia Institucional. El Ministerio de Seguridad los apartó preventivamente de la fuerza.
El Ministerio de Seguridad de Santa Fe dispuso el pase a disponibilidad de los dos policías de la Brigada Motorizada que fueron detenidos tras ser acusados de robarle 1.500 dólares a un automovilista durante un control vehicular realizado el pasado viernes en la ciudad de Santa Fe.
La medida administrativa alcanza a los suboficiales Leandro C. y Pablo P., quienes permanecen detenidos mientras avanza la investigación que lleva adelante el fiscal de Violencia Institucional, Ezequiel Hernández. En los próximos días serán imputados en los tribunales santafesinos.
Cómo ocurrió el hecho
Según la denuncia, el episodio ocurrió cerca de las 19 del viernes en la zona de bulevar Pellegrini y San Lorenzo. El conductor, que viajaba junto a su hijo de dos años y medio, fue interceptado por dos efectivos de la Brigada Motorizada para un control de rutina.
Durante la requisa del vehículo, los policías encontraron 1.500 dólares en efectivo. De acuerdo con la investigación, los uniformados le habrían exigido al automovilista que entregara parte del dinero a cambio de no detenerlo.
Atemorizado por la situación, el hombre accedió a entregarles 400 dólares en una esquina cercana. Sin embargo, al retomar la marcha advirtió que también habían desaparecido los 1.100 dólares restantes que llevaba en el vehículo.
La investigación
Tras el hecho, el automovilista radicó la denuncia ante la Dirección de Asuntos Internos, que inició una investigación de manera inmediata.
Los agentes fueron localizados pocas horas después y, según trascendió, durante el procedimiento los investigadores encontraron en poder de los policías el dinero denunciado como sustraído.
A partir de esa evidencia, el fiscal ordenó la detención de ambos efectivos, quienes permanecen privados de la libertad a la espera de la audiencia imputativa.
Fueron apartados de la fuerza
En paralelo a la causa judicial, el Ministerio de Seguridad resolvió pasarlos a disponibilidad, una medida que implica su apartamiento preventivo de las funciones policiales mientras se define su situación procesal. La decisión se mantendrá vigente hasta que la Justicia avance en la investigación y determine la responsabilidad de los agentes.
