La Cámara alta tratará una versión acotada de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. El texto elimina el capítulo sobre extranjerización de tierras y pone el foco en los desalojos de inmuebles usurpados, además de introducir cambios en las expropiaciones, la Ley de Manejo del Fuego y la regularización de escrituras.
El Senado debatirá este jueves una versión reducida del proyecto de propiedad privada impulsado por el Gobierno nacional, cuyo eje principal es la implementación de un mecanismo para agilizar los desalojos de inmuebles usurpados. La iniciativa también incorpora modificaciones al régimen de expropiaciones, la Ley de Manejo del Fuego y los procesos de regularización dominial.
El tratamiento se retomará a partir de las 14, luego de que la discusión fuera suspendida el pasado 16 de julio por diferencias en torno al capítulo referido a la extranjerización de tierras, que finalmente fue eliminado del texto junto con otros artículos vinculados a barrios populares.
Cómo serían los desalojos
El proyecto establece un procedimiento de desalojo exprés para los casos de inmuebles usurpados o con ocupantes precarios. En esas situaciones, el juez podrá ordenar la restitución inmediata del inmueble cuando considere verosímil el derecho invocado por el propietario, quien deberá acreditar la titularidad mediante documentación.
Además, el magistrado podrá intimar la devolución del inmueble dentro de las 72 horas desde el pedido presentado por el propietario.
En el caso de los inquilinos con deudas por falta de pago, el procedimiento será diferente. El propietario deberá enviar una carta documento o una notificación por correo electrónico al domicilio informado en el contrato, otorgando un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la situación e indicando el lugar donde debe efectuarse el pago.
Si el incumplimiento continúa una vez vencido ese plazo, podrá iniciarse la acción judicial de desalojo, que el proyecto prevé ejecutar en un plazo de hasta 10 días hábiles.
La iniciativa también dispone que el propietario no podrá rechazar la devolución de las llaves ni imponer condiciones para recibirlas, aunque conservará el derecho de reclamar posteriormente cualquier deuda pendiente.
En los casos en que haya menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección correspondientes y al Ministerio Público Tutelar. Estos organismos contarán con un plazo máximo de 10 días para gestionar una alternativa habitacional transitoria, sin detener el avance del proceso judicial.
Cambios en las expropiaciones
El proyecto también modifica el régimen de expropiaciones. Entre los principales cambios, establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y que el Estado deberá fundamentar expresamente los motivos que justifican la medida.
Asimismo, fija un tope del 30% para la indemnización por lucro cesante y determina que los intereses se calcularán tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación para depósitos a 30 días.
La iniciativa mantiene el criterio de que no podrá concretarse la transferencia del bien sin el pago previo de la indemnización, aunque habilita al Estado a solicitar la posesión del inmueble durante el proceso. Además, cuando existan diferencias sobre el valor de la compensación, el juez podrá requerir un dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego
Otro de los cambios propuestos elimina la prohibición de modificar durante 30 años el uso de tierras rurales afectadas por incendios en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.
En el caso de los bosques nativos, se mantiene la prohibición de cambiar el uso del suelo tras un incendio, aunque se elimina el plazo de 60 años previsto en la legislación vigente.
Digitalización y regularización de escrituras
El proyecto también habilita la presentación de documentación digital en los Registros de la Propiedad de todo el país, con el objetivo de avanzar en la digitalización de los trámites.
Además, modifica la denominada «Ley Pierri» para facilitar la regularización dominial. La propuesta establece que podrán acceder a la escritura de su vivienda única aquellas familias que acrediten una posesión pública e ininterrumpida durante los diez años anteriores.
