La fiscal Ana Laura Gioria analizó el debate en torno a la reforma del Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad. Advirtió que se trata de una legislación con un perfil más punitivo y consideró que la modificación responde, en parte, a un reclamo social frente a la preocupación por el delito juvenil.
Gioria señaló que, si bien existe una demanda de la sociedad vinculada a la seguridad y a la necesidad de respuestas frente a los delitos cometidos por adolescentes, hay problemáticas estructurales que deberían ser abordadas antes de profundizar las respuestas penales.
En ese sentido, planteó la importancia de establecer un límite claro respecto de la edad de imputabilidad y sostuvo que no debería reducirse por debajo de los 14 años. La fiscal puso el foco en las condiciones de vida de muchos de los adolescentes que llegan al sistema penal, atravesados por situaciones de vulnerabilidad.
“Muchos adolescentes vienen con severas carencias estructurales”, sostuvo Gioria, al remarcar que el abordaje de la problemática no puede limitarse únicamente a la aplicación de sanciones.
Las adicciones, un factor presente en los delitos juveniles
Otro de los aspectos señalados por la fiscal fue la incidencia de los consumos problemáticos en los casos de violencia y delito juvenil. Según explicó, se trata de una problemática que aparece de manera recurrente en las situaciones que llegan a la Justicia.
“Todos los casos que manejamos están atravesados por consumos problemáticos o situaciones similares”, afirmó Gioria, al referirse a uno de los factores que complejizan el abordaje de los adolescentes involucrados en hechos delictivos.
Para la fiscal, esta realidad obliga a pensar políticas que excedan la respuesta estrictamente penal y que contemplen también las condiciones sociales, familiares y de salud que atraviesan a los jóvenes.
Resocialización y reparación del daño
Frente al debate sobre el endurecimiento de las penas, Gioria destacó que el objetivo del sistema penal juvenil debería estar puesto en evitar que los adolescentes vuelvan a delinquir.
En ese sentido, reivindicó la resocialización como una de las principales metas del sistema y remarcó la necesidad de que los jóvenes puedan asumir responsabilidad por sus actos y, al mismo tiempo, contar con herramientas para reconstruir su vínculo con la sociedad.
“El objetivo central es que el adolescente pueda resocializarse, reparar el daño y reincorporarse a la sociedad”, sostuvo.
El debate sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil vuelve así a poner en tensión dos demandas: la necesidad de brindar una respuesta ante el delito y la obligación de abordar las condiciones de vulnerabilidad que afectan a una parte de los adolescentes involucrados en hechos delictivos. Para Gioria, ambas dimensiones deben ser contempladas para evitar que la respuesta termine reducida únicamente al castigo.
