El ex mandatario fue detenido por orden del juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades vinculadas a Ueno Bank, la entidad financiera intervenida por problemas de solvencia.
Peña permanecerá alojado en el Regimiento Guardia Presidencial de Asunción, luego de que la Justicia considerara necesaria la prisión preventiva para garantizar su comparecencia en el proceso.
La imputación incluye los presuntos delitos de lesión de confianza, como instigador, y administración en provecho propio, como autor, que en su modalidad agravada contemplan penas de hasta diez años de cárcel.
La investigación por Ueno Bank
La causa analiza la presunta intervención del ex presidente en la colocación, renovación y permanencia de fondos públicos y previsionales dentro de la entidad financiera, además de sus vínculos económicos previos con Ueno Holding.
Según la acusación, Peña tuvo una participación accionaria equivalente al 1,58% del capital de ese grupo empresario y habría vendido sus acciones en marzo de 2025, cuando ya ejercía la Presidencia.
La crisis de Ueno Bank, que derivó en su intervención y posterior resolución, afectó a unos 2,94 millones de clientes, entre ahorristas particulares, jubilados y organismos públicos.
Alliana comenzó su gestión con medidas para los afectados
Mientras Peña permanece detenido, el nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana, inició su administración con reuniones en el Palacio de López y definió como prioridades el abastecimiento de medicamentos en hospitales públicos y la restitución de fondos a los damnificados por la entidad financiera.
El Banco Central informó que 1.196.000 personas ya cobraron la garantía estatal, por un total de 996.000 millones de guaraníes, equivalentes a unos 160 millones de dólares.
Por su parte, el vicepresidente Antonio Barrios anticipó que el Gobierno recurrirá a países aliados para rastrear los fondos administrados por Ueno Bank y determinar dónde se encuentra el dinero.
Los primeros cambios en el gabinete
Alliana también avanzó con las primeras designaciones de su equipo de gobierno, con Ariel Martínez al frente del Ministerio del Interior y Rolando de Barros como responsable del Gabinete Civil.
En medio de la crisis institucional y financiera, la Cancillería sostuvo que el nuevo Gobierno salió fortalecido de la situación y afirmó que la respuesta de las instituciones demuestra la vigencia del Estado de derecho en Paraguay.
