El oficialismo cuenta con los respaldos necesarios para aprobar en general en la Cámara de Diputados el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, aunque enfrenta dificultades para sostener uno de sus apartados más cuestionados. Se trata del capítulo 7, que incluye sanciones al financiamiento extranjero de campañas electorales y crea nuevos delitos vinculados a la denominada “injerencia extranjera”.
La iniciativa será debatida este miércoles desde las 12 en el recinto. En las negociaciones previas, el PRO y la Unión Cívica Radical manifestaron su disposición a acompañar el proyecto, incluso con modificaciones. Sin embargo, los bloques de Provincias Unidas, Argentina Federal y la diputada radical Karina Banfi reclamaron cambios más profundos en el capítulo que genera mayor resistencia.
Hasta el momento, el Gobierno ofreció realizar retoques menores, pero no consiguió garantizar los 129 votos necesarios para aprobar ese apartado en particular. Por ese motivo, no se descarta que termine aceptando su eliminación para asegurar un respaldo más amplio al resto de la iniciativa.
Qué establece el capítulo que genera resistencia
El capítulo 7 contempla multas para extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales. También incorpora nuevas figuras penales relacionadas con la intervención de Estados extranjeros en asuntos de seguridad nacional.
Entre otras disposiciones, propone penas de prisión para quienes faciliten operaciones militares o de inteligencia dirigidas por otro Estado, pongan secretos a disposición de servicios de inteligencia extranjeros o colaboren con operaciones clandestinas.
Además, prohíbe la organización, financiación y ejecución de campañas de injerencia extranjera y de actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes.
Ante las críticas recibidas, el Gobierno aceptó excluir de cualquier persecución penal o económica actividades como la labor diplomática ajustada al derecho internacional, la expresión pública de opiniones de gobiernos extranjeros, el periodismo, la investigación académica y la representación abierta de intereses.
Los principales cambios del proyecto de soberanía
Más allá de las controversias por el capítulo 7, la iniciativa mantiene sanciones penales y económicas contra empresas que exploten recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas sin autorización argentina. Para directores, accionistas, socios y proveedores se contemplan penas de hasta 20 años de prisión.
Durante el tratamiento también se modificaron los montos de las multas: el texto original establecía sanciones equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo, mientras que la nueva versión las redujo a un rango de entre 2.000 y 40.000 barriles. Además, quedaron excluidos los accionistas con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta en las operaciones.
Otro de los puntos centrales es la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que será presidido por el Presidente e integrado por funcionarios de las áreas de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica. A pedido de bloques aliados, se amplió su composición para incorporar como miembros no permanentes a los presidentes de ambas cámaras del Congreso y a gobernadores.
El organismo tendrá a su cargo coordinar las estrategias de seguridad, defensa e inteligencia y podrá disponer medidas urgentes ante amenazas externas graves. Entre sus facultades se incluyen restricciones a operaciones cambiarias y financieras, bloqueos temporales de fondos y activos, suspensión de autorizaciones y contrataciones, limitaciones a importaciones y exportaciones y aumentos temporales de derechos aduaneros.
Las objeciones por el rol de las Fuerzas Armadas y las facultades del Ejecutivo
Entre los aspectos que todavía generan cuestionamientos aparecen los protocolos para derribar aeronaves y hundir embarcaciones, así como la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en operaciones no convencionales vinculadas a la seguridad interior.
También despierta preocupación el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo ante una eventual amenaza externa. Desde el peronismo y la izquierda consideran que la iniciativa concentra poder en el Gobierno y habilita medidas excepcionales bajo definiciones que consideran imprecisas.
Otro punto controvertido es la incorporación del Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) al marco legal, con la posibilidad de incluir organizaciones cuando existan “motivos razonables para sospechar”.
Como parte de los cambios negociados, se incorporó una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso para controlar las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional. El Poder Ejecutivo deberá informar a ese organismo sobre las medidas adoptadas en un plazo máximo de 48 horas.
El debate de este miércoles será clave para determinar si el oficialismo consigue aprobar el proyecto completo o si debe resignar el capítulo más cuestionado para garantizar la sanción del resto de la ley.







