En el marco del cierre del caso Oldani, la Justicia resolvió que el dinero involucrado sea destinado al gimnasio de la UTN, con el objetivo de darle un uso institucional a esos fondos. La decisión plantea, en principio, una salida orientada a la comunidad educativa. Sin embargo, en No Tiene Nombre surgieron algunos interrogantes sobre el trasfondo de la medida: quiénes serán finalmente los beneficiarios de esa inversión y qué actores empresariales podrían participar en las obras o en la gestión de esos recursos dentro de la casa de estudios. Un debate que abre preguntas sobre transparencia, destino de los fondos y el vínculo entre decisiones judiciales, instituciones públicas y el sector privado.







