La ley habilita formalmente al Gobernador a otorgar las recomposiciones salariales a través de un decreto. Desde la gestión provincial destacan que esta herramienta legal otorga un marco institucional de flexibilidad para garantizar el cobro del incremento salarial a los empleados públicos en un contexto económico complejo, priorizando la responsabilidad fiscal y la sustentabilidad de las cuentas provinciales.
Frente a las especulaciones sobre la vigencia y el cierre del proceso paritario, el Gobierno ratifica su compromiso de resguardar el poder adquisitivo de las familias sin recurrir a medidas improvisadas ni generar falsas expectativas en el sector asalariado. De esta manera, el Ejecutivo evalúa los mecanismos normativos más convenientes para efectivizar la mejora salarial de forma ordenada, priorizando el diálogo responsable y la previsibilidad en la administración de los recursos del Estado.







