El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) informó que tomará medidas judiciales frente a la suspensión de dicha norma por parte del Gobierno nacional.
El plenario de rectoras y rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), reunido de manera extraordinaria este jueves en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), resolvió por unanimidad iniciar acciones judiciales para exigir la aplicación inmediata de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, promulgada pero suspendida por el Poder Ejecutivo Nacional.
El vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, expresó en diálogo con los medios que “el gobierno solo debía cumplir la ley y optó por no hacerlo. Si las universidades atravesamos dificultades para funcionar con normalidad, es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo, que niega con artilugios lo que la ley dispone”.
Bartolacci consideró que la suspensión de la norma “viola de manera directa la división de poderes” y recordó que el sistema universitario “ha sido muy responsable y serio, priorizando siempre los caminos institucionales”. En ese sentido, confirmó que “corresponde ahora recurrir a la Justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”.
Consultado sobre la estrategia jurídica, el rector precisó que la intención es avanzar con un amparo, según definan los equipos técnicos a cargo de la presentación que se realizará en los próximos días. “La decisión del CIN fue recurrir, todo el sistema universitario junto, a la Justicia, manteniendo la coherencia y la firmeza en la defensa de la universidad pública”, afirmó.
Por su parte, el rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, fue categórico al referirse a las implicancias de que una ley no se cumpla: “Claramente, el gobierno debe cumplir las normas para garantizar la seguridad, la justicia, la estabilidad y el bienestar de los ciudadanos. No es posible pensar en políticas públicas coherentes y transparentes si no se respeta la ley”.
En relación con el impacto en la UNL, Mammarella explicó que el cumplimiento de la Ley de Financiamiento “es clave por tres motivos: primero, para adecuar el presupuesto al efecto de la inflación desde enero de 2024 hasta ahora; segundo, para asegurar los recursos necesarios para cerrar el año en materia de gastos de funcionamiento, becas y salarios; y tercero, porque modifica la base sobre la que debe elaborarse el presupuesto nacional 2026, integrando las prioridades del Gobierno y del Congreso, y definiendo con claridad los recursos con los que contamos y necesitamos”.
Además de la acción judicial, el CIN acordó elevar al Congreso Nacional una solicitud para que el presupuesto 2026 contemple como base los recursos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema público de educación superior.
