El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó nuevamente este martes dos decretos de emergencia vinculados al acceso a la vivienda, apenas cuatro días después de que fueran rechazados por el Congreso. La decisión se produjo un día después de que el mandatario anunciara el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.
Las nuevas normas mantienen el eje central de los decretos que habían sido rechazados el viernes, aunque incorporan algunas modificaciones. Ahora deberán ser sometidas a consideración de la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que asume determinadas funciones parlamentarias tras la disolución de las Cortes.
“Estos dos decretos mantienen la esencia de los dos reales decretos que decayeron”, sostuvo Sánchez durante una conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
El presidente español justificó la decisión al señalar que las circunstancias que llevaron al Gobierno a presentar las medidas “no han cambiado en estos días” y defendió los decretos como iniciativas “ambiciosas, razonables y necesarias”.
Entre las principales medidas se encuentra la ampliación hasta 2030 de la protección frente a los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad, además de límites a determinadas subas de los alquileres y nuevas regulaciones para los contratos temporarios y por habitaciones.
El paquete también incluye restricciones a las compras consideradas especulativas de viviendas por parte de grandes fondos, incentivos fiscales para inquilinos y pequeños propietarios, un IVA del 10% para los pisos turísticos y una reducción al 4% para la vivienda protegida.
A esto se suma un programa de préstamos de hasta 50.000 euros a tasa cero para la compra de la primera vivienda, con una previsión de movilizar hasta 10.000 millones de euros.
Uno de los decretos contempla además una prórroga de dos años para determinados contratos de alquiler que venzan antes de fines de 2028, junto con límites para las actualizaciones de las rentas. El segundo establece la renovación automática de los contratos de alquiler de vivienda habitual, aunque esta medida dependerá de su convalidación por parte de la Diputación Permanente.
El Gobierno español había sufrido el viernes uno de sus principales reveses parlamentarios desde la formación de la coalición entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar. El principal decreto fue rechazado por 178 votos contra 172, después de que el Partido Popular (PP), Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro (UPN) votaran en contra.
La derrota parlamentaria se produjo en medio de una creciente crisis política y fue seguida por el anuncio de Sánchez de disolver las Cortes y convocar a elecciones generales para el 29 de noviembre, casi ocho meses antes de la fecha inicialmente prevista.
Con el Parlamento disuelto, los decretos deberán ser analizados por la Diputación Permanente, integrada por 68 legisladores más la presidenta del Congreso. La nueva composición podría modificar el escenario de la votación y favorecer al Ejecutivo en al menos uno de los textos, ya que el voto de Junts dejaría de ser imprescindible para alcanzar la mayoría.
Sin embargo, el segundo decreto enfrenta mayores dificultades debido a la oposición del Partido Nacionalista Vasco (PNV) a la renovación automática de los contratos de alquiler.
La crisis habitacional se convirtió en uno de los principales temas de la agenda política española después de varias semanas de protestas por el incremento de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda.
Las movilizaciones cobraron mayor intensidad luego del desalojo en Madrid de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años cuyo caso provocó una fuerte reacción social y protestas en diferentes ciudades. El lunes, miles de personas volvieron a manifestarse en Barcelona por la situación habitacional. La protesta terminó con incidentes, detenidos y policías heridos.
Desde la oposición cuestionaron la decisión del Gobierno de volver a presentar los decretos ante la Diputación Permanente. Vox calificó la medida como una “cacicada” y sostuvo que el Congreso ya había rechazado las normas cuando se encontraba en pleno ejercicio de sus funciones.
Sánchez, por su parte, afirmó que el Ejecutivo continuará tomando decisiones hasta las elecciones y defendió las medidas como una respuesta a una situación que considera de emergencia social.
Con las elecciones previstas para el 29 de noviembre, la vivienda quedó instalada como uno de los ejes centrales de la campaña española. El PSOE deberá defender las políticas impulsadas por el Gobierno frente al PP de Alberto Núñez Feijóo y Vox, mientras los distintos espacios políticos avanzan en la definición de sus estrategias y alianzas de cara a los comicios.
