A partir de julio de 2026, todos los organismos provinciales deberán operar exclusivamente con expedientes y firmas en línea.
El Gobierno de la provincia de Santa Fe avanza hacia la digitalización total de la administración pública. Este martes se publicó en el Boletín Oficial el decreto N° 2518, firmado el pasado 3 de octubre por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, que establece que a partir del primero de julio de 2026 todas las actuaciones administrativas deberán gestionarse únicamente por medios digitales.
La medida abarca a la Administración Pública Provincial, tanto centralizada como descentralizada, que deberá realizar todos sus trámites a través de la Plataforma de Gestión Digital (PGD) TIMBÓ, desarrollada por la Secretaría de Tecnologías para la Gestión. Este sistema ya funciona en las jurisdicciones centrales del Estado y se encuentra en proceso de expansión hacia otros organismos.
Evolución digital y “despapelización”
El decreto forma parte del Programa de Despapelización de la Administración Pública y del plan SIMPLE, orientado a la simplificación y modernización del Estado provincial. Ambos proyectos impulsan la capacitación del personal público y la adopción de tecnologías digitales.
Según datos oficiales, el ecosistema digital incorporó hasta el momento 22.803 expedientes electrónicos, 327 trámites digitalizados y 117 gestiones por atención virtual. En los últimos meses se registró un crecimiento sostenido del uso de la plataforma TIMBÓ: en julio el 11% de los expedientes se inició en formato digital, en agosto el 13% y en septiembre el 18%, lo que representa un aumento intermensual del 30%.
Plazo y cumplimiento obligatorio
A partir del 1.º de julio de 2026 no se podrán iniciar gestiones en formato papel mediante el Sistema de Información de Expedientes (SIE), que será reemplazado por la PGD. Las autoridades superiores de cada área deberán garantizar el cumplimiento de la medida, mientras que la Unidad de Gestión de la PGD supervisará su implementación.
El decreto también dispone que los agentes y funcionarios adopten conductas acordes al proceso de digitalización. El incumplimiento de estas disposiciones podrá derivar en sanciones administrativas según la normativa vigente.
