Un tribunal de Nuevo México ordenó a la empresa destinar ese monto a un fondo para tratamientos, prevención y programas de salud mental para niños y adolescentes. La resolución también impone nuevas medidas de seguridad para Facebook e Instagram. Meta anunció que apelará.
Un tribunal del estado de Nuevo México, Estados Unidos, ordenó a Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, pagar US$567 millones para afrontar las consecuencias vinculadas con el impacto de sus plataformas sobre la salud mental de niños y adolescentes.
La decisión fue tomada por el juez Bryan Biedscheid, luego de una causa iniciada por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez. El magistrado determinó que Meta debía destinar el dinero a un fondo orientado a tratamientos de salud mental, prevención, detección y otras iniciativas destinadas a jóvenes.
El fallo llega después de una primera instancia del proceso, realizada en marzo, en la que un jurado había encontrado a Meta responsable de engañar a los consumidores sobre la seguridad de sus plataformas y poner en riesgo a los menores. En aquella oportunidad se estableció una sanción de US$375 millones.
De esta manera, considerando ambas decisiones, la responsabilidad económica de Meta en este proceso alcanza los US$942 millones.
¿En qué se utilizarán los US$567 millones?
La mayor parte del dinero tendrá como destino la atención de los efectos relacionados con la salud mental de niños y adolescentes.
Según el fallo, US$420 millones serán destinados específicamente a servicios de tratamiento para jóvenes. El resto se distribuirá entre programas de prevención, campañas de concientización, servicios de detección y otros costos durante los próximos cinco años.
La resolución también establece una serie de cambios que Meta deberá implementar en sus plataformas.
Entre ellos aparecen nuevas herramientas de protección para menores, mejoras en los sistemas de verificación de edad, información educativa sobre seguridad y mecanismos para identificar y proteger a usuarios menores de 13 años.
El tribunal también ordenó a Meta eliminar las cuentas y la información personal recopilada de usuarios que tengan menos de 13 años, además de reforzar las medidas destinadas a prevenir situaciones de explotación sexual infantil.
Una causa que comenzó en 2023
El caso fue iniciado por la Fiscalía General de Nuevo México en 2023, que acusó a Meta de diseñar plataformas con características potencialmente adictivas y de no proteger adecuadamente a los menores frente a distintos riesgos.
En marzo de 2026, el jurado había considerado que la compañía violó las leyes estatales de protección al consumidor y le impuso los US$375 millones en sanciones civiles, la máxima penalidad contemplada por esa legislación.
La nueva resolución judicial representa la segunda etapa del proceso y avanza sobre las medidas que deberán adoptarse para intentar reducir los daños señalados durante el juicio.
Meta apelará el fallo
La compañía anunció que apelará la decisión y sostiene que mantiene su compromiso con la seguridad de los adolescentes.
Meta también cuestionó que los problemas de salud mental de los jóvenes puedan atribuirse a una única plataforma y defendió las medidas que implementó en los últimos años para mejorar la protección de los menores.
El caso representa, de todos modos, un nuevo golpe judicial para una de las principales empresas tecnológicas del mundo y puede convertirse en un antecedente relevante para otros procesos que se tramitan en Estados Unidos sobre el diseño de las redes sociales, la adicción digital y sus posibles efectos sobre niños y adolescentes.
Un antecedente que va más allá de Meta
La resolución se produce en un contexto de creciente presión judicial sobre las grandes plataformas tecnológicas. En marzo, un jurado de Los Ángeles también había encontrado responsables a Meta y Google por negligencia en el diseño y funcionamiento de sus plataformas en un caso relacionado con la adicción a las redes sociales y la salud mental de una joven.
La diferencia es que aquella causa correspondía a una demanda individual, mientras que el proceso de Nuevo México fue impulsado por el Estado y apunta directamente a las prácticas de la compañía y a la protección de los menores.
