La Fundación Soberanía amplió una denuncia y pidió investigar una presunta subvaluación de activos del Estado que habría beneficiado a distintos grupos empresarios, entre ellos el Grupo Neuss. La causa tramita en la Justicia Federal de General Roca.
La privatización de las represas hidroeléctricas del Complejo Comahue quedó bajo investigación judicial luego de que la Fundación Soberanía ampliara una denuncia en la que sostiene que existió un mecanismo sistemático de subvaluación de activos del Estado que habría favorecido a determinados grupos económicos.
La presentación solicita que se investigue el proceso y, eventualmente, que se anulen las privatizaciones. Según la denuncia, el procedimiento habría permitido transferir activos estratégicos del Estado a empresas vinculadas con sectores cercanos al poder político.
La causa tramita ante el Juzgado Federal de General Roca, a cargo del juez Hugo Greca. Entre las empresas mencionadas en la presentación aparecen Edison Inversiones S.A.U., del Grupo Neuss; Central Puerto S.A., vinculada a Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escassany; y BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy, propiedad del empresario Manuel Santos Uribelarrea.
Cuestionamientos al proceso de tasación
La denuncia describe lo que califica como una “cadena de ilegalidades” compuesta por cuatro etapas. Entre ellas, cuestiona la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), la metodología utilizada para determinar el valor de los activos, el rol del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y la posterior identificación de las empresas adjudicatarias.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el Tribunal de Tasaciones de la Nación no habría contado con el tiempo necesario para realizar su tarea. La Fundación Soberanía sostiene que esto habría generado una situación que permitió desplazar sus competencias hacia el BICE.
La presentación cuestiona además que el BICE, organismo dependiente del Ministerio de Economía, haya participado en la valuación de los activos. Según los denunciantes, esto habría generado una falta de independencia debido a que el mismo ámbito estatal participa de distintas etapas del proceso de privatización.
Otro de los puntos señalados es la utilización del método de Flujo de Fondos Descontados para determinar el valor de las empresas. La denuncia sostiene que esa metodología no constituiría una tasación patrimonial propiamente dicha y que podría haber contribuido a una subvaluación de los activos.
Las empresas que quedaron con las represas
La presentación también pone el foco en los grupos empresarios que resultaron adjudicatarios de las distintas represas y sostiene que existiría un patrón común entre los beneficiarios.
Según el escrito, Alicurá y Cerros Colorados fueron adjudicadas a Edison Inversiones S.A.U., empresa vinculada con los hermanos Patricio y Juan Neuss. El Chocón-Arroyito quedó en manos de BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy, mientras que Piedra del Águila fue adjudicada a Central Puerto S.A.
La Fundación Soberanía pidió que los empresarios involucrados sean citados en la investigación y que se analice la legalidad de todo el proceso de privatización.
La denuncia deberá ser ahora evaluada por la Justicia, que deberá determinar si existieron irregularidades administrativas, una eventual subvaluación de los activos públicos y responsabilidades en el proceso de adjudicación.
