La Corte Suprema de Justicia de la Nación designó a dos conjueces para avanzar en la resolución del conflicto judicial por la validez del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras. Además, fijó un plazo de apenas 24 horas para que quede consentida la integración del tribunal, en función de las circunstancias particulares de la causa.
Los jueces elegidos son Diego Barroetaveña, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Ambos deberán intervenir luego de que los tres integrantes de la Corte no lograran alcanzar una decisión unánime sobre la constitucionalidad de la norma.
El expediente se inició a partir de una demanda presentada por la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestionó la derogación de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno nacional y solicitó que se declare su inconstitucionalidad y nulidad.
La organización sostuvo que la medida representa un retroceso en la protección del medioambiente, el territorio y los recursos naturales. También advirtió sobre sus posibles consecuencias para los derechos colectivos de los pueblos originarios.
La presentación original se realizó en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche. Posteriormente, el expediente fue derivado a la Cámara Federal de La Plata, donde tampoco se resolvió el fondo de la cuestión. Ahora, la Corte busca destrabar el conflicto y avanzar hacia una definición judicial.
La discusión se produce en un contexto en el que el Gobierno nacional busca sostener el DNU 70/2023 y avanzar en negociaciones políticas vinculadas con distintas iniciativas legislativas, entre ellas la Ley de Tierras.
En paralelo, la Corte Suprema rechazó un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). En ese caso, el tribunal consideró que la entidad no tenía legitimación para promover la acción y que no existía una controversia judicial que correspondiera resolver.
La intervención de los conjueces será clave para determinar el futuro del artículo que eliminó las restricciones establecidas por la Ley de Tierras sobre la adquisición de terrenos rurales por parte de extranjeros.
