La Cámara de Apelaciones rechazó el último recurso presentado por la defensa de Ricardo Fratti, el último imputado que permanecía con vida. La resolución puso fin a un proceso judicial que se extendió durante más de dos décadas.
A más de 23 años de la inundación que sufrió Santa Fe en abril de 2003, la Justicia cerró definitivamente la causa penal que investigó las responsabilidades por una de las mayores tragedias de la historia de la ciudad.
La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal, que rechazó el último recurso extraordinario presentado por la defensa de Ricardo Ángel Fratti, quien había sido director provincial de Obras Hidráulicas y era el último imputado que permanecía con vida en el expediente.
Con esta resolución, ya no quedan planteos pendientes dentro del proceso penal.
Cómo terminó la causa
Fratti había sido sobreseído en diciembre de 2025, luego de que la Justicia declarara prescripta la acción penal. La defensa había presentado posteriormente un recurso extraordinario, que fue rechazado ahora por la Cámara de Apelaciones.
La investigación había comenzado luego de la inundación del 29 de abril de 2003, cuando el desborde del río Salado provocó el ingreso del agua a una extensa zona de la ciudad y obligó a miles de personas a abandonar sus viviendas.
El proceso buscó determinar si existieron responsabilidades penales de funcionarios por las decisiones vinculadas con las obras hidráulicas y la prevención de la tragedia.
Durante los años de investigación, el expediente quedó centrado principalmente en tres funcionarios: el exministro de Obras Públicas Edgardo Berli, el exdirector de Obras Hidráulicas Ricardo Fratti y el exintendente de Santa Fe Marcelo Álvarez.
Álvarez falleció en 2018, mientras que Berli murió antes de que la sentencia dictada en su contra pudiera quedar firme.
La condena de 2019
En 2019, la Justicia había condenado a Berli y Fratti a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas.
Sin embargo, posteriormente la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló esa decisión y ordenó revisar la cuestión vinculada con la prescripción de la acción penal.
Ese cambio de criterio derivó finalmente en el sobreseimiento de Fratti por prescripción y, con el rechazo del último recurso, en el cierre definitivo de la causa penal.
El cierre penal y las indemnizaciones
El cierre de la causa penal no significa que no hayan existido decisiones judiciales en materia de responsabilidad civil e indemnizaciones.
En 2024, el Gobierno de Santa Fe había informado que no apelaría una resolución de la Corte provincial vinculada con las indemnizaciones a los damnificados y que cumpliría con los pagos establecidos judicialmente. En ese momento, el fiscal de Estado sostuvo que la Provincia había sido considerada responsable por la falta de obras y previsión frente a la inundación.
De acuerdo con la información publicada ahora por LT9, las indemnizaciones fijadas en el juicio ya fueron abonadas a los únicos actores civiles que participaron del proceso, por lo que tampoco quedarían cuestiones pendientes en ese aspecto.
Una tragedia que sigue presente
La inundación del 29 de abril de 2003 marcó para siempre a Santa Fe. El avance del agua del río Salado sobre distintos barrios de la ciudad provocó 18 muertes reconocidas judicialmente, miles de evacuados y enormes pérdidas materiales.
La Provincia incluso mantiene un archivo digital con documentación de las causas judiciales vinculadas con las inundaciones de 2003, incluyendo informes, pericias, presentaciones y resoluciones de la causa penal.
Ahora, con el rechazo del último recurso, la investigación penal iniciada hace más de dos décadas llegó formalmente a su final.
El cierre judicial pone punto final a una extensa causa que buscó determinar responsabilidades por la tragedia, aunque la inundación de 2003 continúa siendo un episodio central para entender la relación de Santa Fe con el riesgo hídrico, las obras de infraestructura y la prevención de futuras emergencias.
