El caso ANDIS pasó del terreno mediático al judicial y abre un frente de consecuencias aún imprevisibles para el Gobierno de Javier Milei.
La polémica en torno al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sumó un nuevo capítulo con la entrega de audios al fiscal federal Franco Picardi. El movimiento trasladó el caso a los tribunales y abrió un escenario de consecuencias todavía inciertas para el oficialismo.
Según trascendió, Spagnuolo entregó un pendrive con grabaciones en las que apunta contra figuras de primer nivel. Entre ellas, mencionó a Eduardo “Lule” Menem, a quien vinculó con la droguería Suizo Argentina; cuestionó la idoneidad de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y acusó a la ministra Sandra Pettovello de haberlo dejado sin respaldo político.
El ex abogado de Javier Milei adoptó una estrategia de “si caigo yo, caemos todos”, lo que incrementa el costo político de una eventual condena en su contra, ya que implicaría convalidar sus acusaciones contra referentes del entorno presidencial.
En paralelo, el Gobierno intervino la ANDIS y designó como encargado a Alejandro Vilches, hombre cercano al ministro de Salud, Mario Lugones, quien a su vez mantiene vínculos con el asesor presidencial Santiago Caputo. La decisión generó suspicacias, dado que la auditoría interna, que podría derivar en una denuncia penal contra Spagnuolo, quedará en manos de un sector mencionado en los propios audios.
De esta manera, un escándalo que parecía limitado a la disputa política y mediática quedó instalado en los tribunales, con derivaciones todavía difíciles de prever para el Gobierno.
