El oficialismo descarta enviar un paquete impositivo integral al Congreso y apuesta a cambios parciales atados a la reforma laboral. El rechazo de los gobernadores a resignar recursos coparticipables marca el límite del plan económico.
El Poder Ejecutivo resolvió no avanzar con una reforma tributaria integral y concentrar sus esfuerzos en los cambios impositivos incluidos en el proyecto de “modernización laboral”. La decisión refleja un repliegue táctico del oficialismo, que ajusta sus expectativas legislativas frente a la resistencia de las provincias y busca priorizar las iniciativas con mayor viabilidad política en el corto plazo.
Según admiten en el Gobierno, el esquema original quedó descartado. En su lugar, se impuso la idea de avanzar de manera escalonada, con modificaciones parciales atadas al equilibrio fiscal. “Primero va esta reforma. Después veremos cómo queda el déficit y, recién entonces, evaluaremos si hay margen para algo más integral”, explicó un referente parlamentario libertario.
La hoja de ruta ideal, reconocen en la Casa Rosada, incluiría más adelante tributos provinciales y tasas municipales. Pero ese escenario hoy aparece lejano. El principal freno está en los gobernadores, que rechazan cualquier iniciativa que implique recortes en impuestos coparticipables y afecte la recaudación local.
El enfriamiento del plan terminó de consolidarse durante el debate del Presupuesto 2026 en Diputados, cuando se eliminó el capítulo XI. Allí el Gobierno había incluido la derogación de dos leyes que considera especialmente costosas: el financiamiento de las universidades nacionales y de los servicios de discapacidad. “Eso obligó a frenar la baja de cargas patronales”, admitieron en la presidencia de la Cámara.
La estrategia ya había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en diciembre, durante una charla con inversores. “Esta primera parte de la reforma tributaria va más a personas jurídicas. Focalizamos en lo laboral”, señaló entonces. Ante consultas posteriores, el Palacio de Hacienda evitó dar precisiones adicionales.
De este modo, el impulso posterior a las elecciones —con el que el Gobierno aspiraba a sancionar un paquete de reformas tributaria, penal y laboral— entró en una meseta. Sin proyecto impositivo integral en agenda y con la reforma penal aún sin ingresar formalmente al Congreso, la modernización laboral quedó como la única iniciativa activa y concentra ahora toda la energía oficial.
El proyecto, que ya cuenta con dictamen, incluye un capítulo tributario de alcance limitado. En el oficialismo lo presentan como un primer paso. “Es, en sí misma, la reforma tributaria más importante que se haya hecho”, sostuvo un senador de La Libertad Avanza, que rechaza la idea de postergación y habla de “gradualismo”.
El texto todavía debe ser tratado en el recinto del Senado y luego iniciar su recorrido en Diputados. La jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, planea utilizar la segunda quincena de enero para intensificar negociaciones y evitar que se desarme uno de los tramos más sensibles: el impositivo.
Allí vuelve a aparecer el conflicto con las provincias. La iniciativa propone reducir tributos coparticipables, en particular el impuesto a las Ganancias, una de las principales fuentes de ingresos provinciales. Entre los cambios previstos figuran una baja de alícuotas para sociedades en los tramos más altos y la exención del impuesto a los alquileres destinados a vivienda.
El malestar de los gobernadores no es nuevo. En los últimos dos años, Javier Milei utilizó la distribución de fondos como herramienta política, con premios a los aliados y restricciones a los mandatarios más distantes. Sin obra pública nacional y con un escenario electoral competitivo en el horizonte, la resistencia se profundiza.
En las provincias hay una certeza compartida: el oficialismo buscará disputar el poder territorial en 2027. Catorce gobernadores están habilitados para reelegir y ninguno está dispuesto a resignar recursos en el tramo final de su gestión.
En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene una agenda activa de recorridas y reuniones con mandatarios provinciales, con la reforma laboral como eje central. La semana pasada estuvo en Chubut junto a Ignacio Torres y prevé visitar a otros nueve gobernadores antes de fin de mes.
Mientras tanto, el Gobierno exhibe como logro reciente la sanción de la ley de “inocencia fiscal”, orientada a incentivar la formalización de ahorros en dólares. En cambio, quedaron relegados otros proyectos clave, como el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria o la reforma de la Ley de Glaciares, que varios gobernadores consideran condición necesaria para aceptar nuevos ajustes que impacten sobre sus recursos.
