Los estudios realizados sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), generaron diferencias entre la División Acústica Forense de Gendarmería Nacional y los peritos de la Fiscalía. El desacuerdo se centra en los métodos utilizados y en la posibilidad de identificar si las grabaciones corresponden a la voz del exfuncionario.
Gendarmería entregó este jueves a la Justicia un informe de 74 páginas sobre los archivos aportados por el periodista Mauro Federico. En sus conclusiones, los especialistas señalaron que no fue posible establecer si las voces examinadas pertenecen a Spagnuolo.
De los archivos analizados, 14 fueron considerados aptos para el estudio y otros 43 no reunían las condiciones necesarias para una comparación forense. Sin embargo, en los registros disponibles detectaron características compatibles con un proceso de regrabación, discontinuidades abruptas y posibles puntos de corte.
Los peritos también indicaron que no pudieron determinar qué tipo de edición se habría utilizado ni establecer de manera concluyente si los audios correspondían a voces humanas naturales o habían sido recreados digitalmente. Además, señalaron que no pudieron verificar fehacientemente la continuidad e integridad de la cadena de custodia del material.
Las objeciones de los peritos de la Fiscalía
Tras conocerse el informe, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) manifestó sus diferencias con los resultados y los procedimientos empleados por Gendarmería.
Los cinco peritos de parte que participaron en el estudio cuestionaron que no se les permitiera incorporar sus disidencias directamente en las conclusiones y que debieran presentarlas en un anexo separado.
Uno de los principales puntos de desacuerdo fue la decisión de no comparar las voces de las grabaciones con registros de Spagnuolo. Según los especialistas de Gendarmería, el programa utilizado presentaba limitaciones de calibración que impedían emplearlo con fines identificatorios.
Sin embargo, los expertos de la DATIP sostuvieron que había 15 archivos con calidad suficiente para realizar esa comparación. También señalaron que el protocolo establece tres tipos de análisis y exige aplicar al menos dos, por lo que consideraron que las limitaciones del programa no impedían avanzar con otros métodos disponibles.
El debate sobre una posible manipulación digital
Otro de los puntos discutidos fue la posibilidad de que los audios hubieran sido generados o modificados mediante inteligencia artificial.
Los peritos de la Fiscalía cuestionaron que el informe de Gendarmería dejara abierta esa posibilidad, ya que, según plantearon, también había identificado características propias del habla humana espontánea y no había encontrado indicios concluyentes de manipulación artificial.
Además, señalaron que las limitaciones de las herramientas disponibles en el laboratorio de Gendarmería no representan una imposibilidad técnica general y que debieron evaluarse otras metodologías científicas.
Por último, también objetaron el cuestionamiento a la cadena de custodia. Consideraron que no corresponde exigir a un dispositivo entregado voluntariamente las mismas condiciones de trazabilidad que a uno secuestrado durante un allanamiento.
Las diferencias entre los informes mantienen abierto el debate técnico sobre la autenticidad y el origen de las grabaciones, en una causa que investiga presuntas coimas en la ANDIS.
