La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría un proyecto para establecer un régimen permanente de protección social para las personas con discapacidad. La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, y fue girada al Senado para continuar su tratamiento.
El acuerdo reunió a La Libertad Avanza, Unión por la Patria y bloques dialoguistas, luego de una serie de negociaciones que permitieron introducir modificaciones al texto original. El objetivo es reemplazar el esquema de emergencia por una norma permanente que garantice la continuidad de prestaciones y beneficios más allá de los cambios de gobierno.
El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, conserva buena parte de los derechos contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad, aunque elimina su carácter transitorio.
Entre los puntos centrales, mantiene la compatibilidad entre una pensión por discapacidad y el empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. También establece la actualización periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria y garantiza la cobertura básica de salud del programa Incluir Salud para los titulares de pensiones por discapacidad.
En materia presupuestaria, fija que los recursos asignados al Ministerio de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio fiscal anterior. Además, crea un sistema de auditorías periódicas con cruces de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Otro de los puntos incorporados establece un plazo de hasta 30 días para reglamentar un cronograma de pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores. También se fijó un período de 160 días para que las personas cuyas pensiones sean observadas por inconsistencias durante una auditoría puedan presentar su descargo antes de una eventual suspensión del beneficio.
Durante el debate, el oficialismo defendió la necesidad de establecer reglas permanentes, controles y previsibilidad para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores. El diputado Gerardo Huesen sostuvo que el sistema debe garantizar derechos y dejar atrás la dependencia de prórrogas y decisiones políticas.
Unión por la Patria, que finalmente acompañó el proyecto, explicó que no contaba con los votos necesarios para extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. El diputado Juan Marino señaló que el bloque dialogó con organizaciones del sector para impulsar modificaciones que permitieran mejorar el texto y evitar retrocesos.
Marino también cuestionó el cumplimiento de la legislación vigente por parte del Gobierno nacional. Según indicó, 324.303 personas esperan una respuesta a sus solicitudes de pensión y advirtió sobre las dificultades presupuestarias que atraviesan las prestaciones y los centros de día.
Por su parte, Victoria Tolosa Paz destacó que se incorporó la cobertura de Incluir Salud para titulares de pensiones por invalidez laboral, además de la compatibilidad entre las pensiones por discapacidad y las asignaciones familiares.
El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, valoró el acuerdo parlamentario y sostuvo que el 75% de la Ley de Emergencia está contemplado en el nuevo proyecto. No obstante, remarcó que la aprobación legislativa deberá traducirse en el cumplimiento efectivo de los derechos y en garantías presupuestarias.
La iniciativa también recibió cuestionamientos. La diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá rechazó el acuerdo y expresó desconfianza respecto de que el Gobierno cumpla con sus disposiciones. Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, pidió que el proyecto regresara a comisiones para que las organizaciones pudieran participar de la discusión y reclamó garantías presupuestarias.
Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro acompañó el dictamen con modificaciones, aunque cuestionó la respuesta del Gobierno al sector durante los últimos años. A su vez, reclamó que el Senado avance con rapidez para convertir la iniciativa en ley.
Con la media sanción, el proyecto quedó ahora en manos de la Cámara alta. Su aprobación definitiva será clave para definir el marco legal que regirá las prestaciones, los controles y el financiamiento del sistema de discapacidad.
