El Senado de la Nación inició este jueves una sesión en la que el tema central es el tratamiento definitivo del proyecto de Ley de Discapacidad, que cuenta con respaldo de distintos sectores políticos y apunta a darle carácter permanente a las medidas que actualmente están vigentes bajo el régimen de emergencia, cuya vigencia finaliza en diciembre.
La iniciativa, denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, mantiene prácticamente el esquema de beneficios establecido en la Ley 27.793, pero elimina su carácter transitorio para convertir sus disposiciones en una norma permanente y de orden público.
Entre sus principales puntos, contempla la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad —equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo— y el acceso a un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. Este beneficio alcanza a las personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El proyecto también mantiene el nomenclador único y establece la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones, de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al IPC. Además, garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión.
En cuanto al financiamiento, dispone que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la correspondiente al ejercicio fiscal anterior.
La propuesta incorpora, además, un sistema de auditorías periódicas que prevé el cruce de información entre ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.
A pedido de los bloques aliados, se agregó una cláusula transitoria que establece un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.
Otros proyectos en el temario
La sesión, que comenzó pasadas las 11, incluye también el tratamiento de la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el proyecto vinculado a la propiedad privada para restablecer la Ley de Tierras y la denominada Ley Joaquín, entre otros asuntos.
El debate continúa en el Senado y la sesión permanece en desarrollo.







