La discusión por el futuro de la Ley de Manejo del Fuego volvió al centro de la escena política nacional. El Gobierno impulsa una reforma que eliminaría las restricciones que actualmente impiden modificar el uso de terrenos afectados por incendios, una iniciativa que ya genera fuertes cuestionamientos de organizaciones ambientales, especialistas y brigadistas.
El proyecto forma parte del paquete legislativo vinculado a la propiedad privada y fue defendido en el Senado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien calificó las limitaciones vigentes como un «dislate» que desalienta inversiones y perjudica a productores afectados por incendios accidentales.
Qué dice la ley actual
La normativa fue modificada en 2020 luego de los graves incendios registrados en distintas regiones del país.
Desde entonces, los terrenos incendiados no pueden cambiar su uso durante 30 años en el caso de bosques nativos y por 60 años cuando se trata de áreas protegidas, con el objetivo de evitar quemas intencionales destinadas a habilitar emprendimientos inmobiliarios, desarrollos urbanos o actividades productivas.
La medida fue impulsada tras los incendios que afectaron miles de hectáreas en provincias como Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chubut y Río Negro.
Qué cambios propone el Gobierno
La iniciativa oficial busca eliminar esos plazos fijos y permitir que los usos posteriores de los terrenos sean regulados por otras normativas ambientales existentes.
Uno de los puntos que ya obtuvo dictamen favorable en comisión establece la eliminación de las restricciones para tierras agropecuarias y pastizales.
En el caso de los bosques nativos, las protecciones continuarían vigentes, aunque quedarían sujetas a las categorías previstas por la Ley Nacional de Bosques y no a prohibiciones temporales establecidas por la Ley de Manejo del Fuego.
La preocupación de ambientalistas y brigadistas
Las organizaciones ambientales advierten que la modificación podría generar incentivos para nuevas quemas intencionales.
Según datos citados durante el debate legislativo, alrededor del 95% de los incendios que se registran en Argentina tienen origen humano, ya sea por negligencia o por acciones deliberadas.
Desde la organización ambiental FARN señalaron además que el presupuesto destinado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego registra una caída real cercana al 70% respecto de los niveles de 2023, lo que genera preocupación sobre la capacidad de respuesta ante futuras emergencias.
El reclamo por más recursos
Uno de los testimonios que resonó durante la discusión fue el del brigadista Javier Inalaf, integrante de los equipos de combate de incendios en Bariloche.
«Si se aprueba esta ley y mañana comienza una gran cantidad de incendios por el negocio inmobiliario, ¿qué políticas tienen para garantizar la seguridad de las personas y del bosque?», cuestionó.
Además, planteó dudas sobre el financiamiento del sistema nacional encargado de prevenir y combatir incendios forestales.
Un debate que también impacta en Santa Fe
La discusión no resulta ajena a Santa Fe. Durante los últimos años, las quemas en las islas del Delta del Paraná generaron importantes conflictos ambientales y episodios de contaminación por humo que afectaron a numerosas localidades de la región.
Por eso, distintos sectores observan con atención el tratamiento legislativo de una reforma que podría modificar las reglas establecidas luego de aquellas emergencias.
Mientras el proyecto avanza en el Senado, el debate sigue abierto entre quienes consideran que la ley actual limita el desarrollo productivo y quienes sostienen que representa una herramienta fundamental para prevenir incendios provocados con fines económicos.
