La Justicia investiga la actuación de los organismos de control en el caso del fentanilo contaminado que provocó la muerte de 90 personas y dejó otras 41 lesionadas. Las exfuncionarias serán indagadas por su presunta responsabilidad en la producción, comercialización y suministro del medicamento.
La Justicia federal ordenó la detención de la ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, y de la ex directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó, en el marco de la investigación por el caso del fentanilo contaminado.
La medida fue solicitada por la fiscal federal María Laura Roteta, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, junto al titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez.
Ambas exfuncionarias serán indagadas en una causa que investiga la producción, comercialización y aplicación del medicamento contaminado, que, según la investigación judicial, causó la muerte de 90 personas y dejó otras 41 lesionadas.
De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. acumulaban un historial de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de medicamentos. Los investigadores sostienen que esas falencias pudieron mantenerse debido a una presunta falta de controles estatales, lo que permitió que ambas empresas continuaran con su actividad pese a las deficiencias detectadas.
Para el Ministerio Público Fiscal, esa situación derivó en la elaboración y distribución del fentanilo contaminado que desencadenó la tragedia sanitaria.
La investigación también sostiene que las ex autoridades de la ANMAT y del INAME habrían tenido conocimiento del elevado riesgo existente durante la elaboración, comercialización y utilización del medicamento, así como de las consecuencias que podía generar para los pacientes.
Con estos elementos, la Justicia busca determinar las responsabilidades de las exfuncionarias en el funcionamiento de los organismos de control y su eventual participación en los hechos que terminaron con casi un centenar de víctimas fatales y decenas de personas afectadas.
