Lo confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras el rechazo del Congreso al veto de Milei.
El Gobierno nacional confirmó que promulgará la ley de discapacidad, ratificada por el Congreso después de que ambas cámaras rechazaran el veto presidencial. Sin embargo, aclaró que no la reglamentará hasta definir de dónde saldrán los recursos para financiar su implementación.
La medida fue impulsada por la oposición y obtuvo un amplio respaldo parlamentario, incluso de fuerzas que fueron aliadas del oficialismo, tanto en la sanción original como en la insistencia. En Diputados y en el Senado logró superar la mayoría especial de dos tercios requerida para rechazar el veto de Milei.
En declaraciones difundidas hoy, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó la promulgación, pero advirtió que su aplicación está sujeta a la discusión sobre el financiamiento. “El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente. Si fuera por mí me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso, porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas”, señaló.
El funcionario también apuntó al Congreso: “Vamos a promulgar la ley como corresponde. También es cierto que, creo que es el artículo 38 de la ley financiera que dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?“
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la iniciativa podría aumentar la cantidad de beneficiarios en un rango de entre 493.000 y 946.000 personas, lo que representaría un gasto adicional de entre $1,8 billones y $3,6 billones, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI. A esto se suman $278.323 millones para compensaciones de emergencia a prestadores y $7.160 millones destinados a talleres de producción.
La sanción de la ley fue resultado de una fuerte movilización de la sociedad civil frente a la crisis del sistema de atención por discapacidad, generada por el congelamiento de los recursos y la reducción de beneficiarios tras una cuestionada auditoría. Estas medidas fueron ejecutadas por la ANDIS bajo la gestión de Diego Spagnuolo, quien fue removido del cargo luego de la difusión de audios en los que hablaba de un supuesto circuito de coimas entre funcionarios y droguerías.
Si bien la ley había sido impulsada antes de que estallara el escándalo, su divulgación generó un fuerte impacto político que reforzó el apoyo parlamentario y aceleró su aprobación definitiva.
