El Poder Ejecutivo remitió al Congreso este miércoles el veto a la ley de financiamiento universitario y la oposición analiza si intentará rechazarlo en una sesión especial el próximo miércoles.
La Casa Rosada rechazó desde un primer momento la norma que actualiza por inflación los gastos de funcionamiento de las casas de estudio y ordena reabrir las paritarias del sector, porque asegura que su costo fiscal es demasiado alto y pondría en riesgo el superávit fiscal, piedra fundamental de todo el plan económico.
La iniciativa había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con una amplia mayoría de 158 votos afirmativos, que, sin embargo, no llegaba a los dos tercios. Esa es la mayoría especial que la oposición deberá reunir si quiere revertir la situación e insistir con el proyecto original.
En el veto, que ya fue publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno señala que el proyecto no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe especificar de manera clara las fuentes de los recursos para su financiamiento; este gasto “sin respaldo real”, según la Casa Rosada, sólo puede financiarse con emisión monetaria, lo que aumentaría la inflación y perjudicaría especialmente a los sectores más vulnerables de la población.
La oposición analizaba por estas horas convocar a una sesión para la semana que viene y debatía si incluir en el temario el rechazo al veto. Los bloques más duros argumentaban que llevar los vetos al recinto lo antes posible serviría para aprovechar el momento de debilidad del Gobierno tras la debacle electoral en la provincia de Buenos Aires y la tensa relación con los gobernadores.
