A partir del caso de Mauro González, el joven que murió tras ser detenido en Santa Fe, Coni Cherep analiza la polémica que se generó por la decisión del Ministerio de Seguridad de brindar defensa legal a los efectivos imputados.
En un editorial que invita al debate, sostiene que la presunción de inocencia y el derecho a la defensa son garantías fundamentales que deben respetarse hasta que la Justicia determine las responsabilidades. Además, recuerda el antecedente del caso Franco Casco y advierte sobre los riesgos de emitir condenas sociales antes de que existan sentencias judiciales.
