Nuevas modificaciones en las formas de facturación. Ahora administra una zonificación con cinco niveles de su área concesionada, según los indicadores del Necesidades Básicas Insatisfechas del Indec.
En el marco de las potestades que la Ley de Emergencia en el Servicio Público de Agua Potable, Desagües y Saneamiento de la Provincia de Santa Fe, la empresa estatal Aguas Santafesinas SA comenzó a aplicar con las últimas emisiones de sus facturas una nueva fórmula de cálculo que tiene presentes las condiciones socioeconómicas del área donde se reciben los servicios.
Basicamente, los cambios involucran solo a quienes no tienen medidor y cuyo consumo es estimado según un cálculo matemático que transforma metros cuadrados de superficie cubierta en metros cúbicos de agua potable. Hasta aquí no importaba si se trataba de una vivienda en el barrio más rico o en el más pobre.
En este marco, en las áreas de recursos económicos altos la suba en las facturas rondó «del 10 al 15%», mientras que en el otro extremos de la NBI, donde más carencias existen, hubo bajas «de hasta el 20%».
La compañía asegura que se trata de un subsidio cruzado, es decir que los aumentos a unos se pagan los beneficios a otros. A su vez, los cambios puestos en práctica en la totalidad de los usuarios residenciales (los hogares) implica una suma de resultado cero, que no ha mejorado sus ingresos por esta vía.
El concepto que funda la modificación tarifaria es que no es justo que paguen lo mismo un piso en las zonas residenciales más caras y exclusivas de entre bulevares o el Puerto que una vivienda de los mismos metros de superficie en un barrio de marcada marginación.
Marco legal
La sanción de la Ley 14.272 declara en emergencia a ASSA ante su «grave situación deficitaria» de modo de «propender a la preservación de la sostenibilidad ambiental, social y económico-financiera de la prestación del servicio, asegurando su continuidad, regularidad, generalidad y obligatoriedad». La norma se sancionó solo con votos del oficialismo en ambas Cámaras y hoy rige hasta el 31 de diciembre de este año. Uno de sus artículos permite al Poder Ejecutivo Provincial prorrogarla por otros 12 meses por decreto.
Para las modificaciones tarifarias, Aguas debe llevar adelante audiencias públicas lo que ya ha sucedido en enero pasado, tras lo cual se dictó la resolución.
En rigor, los lineamientos centrales de las política para equilibrar las cuentas de la empresa -lo que se ha logrado con aumentos de tarifas y otras decisiones vinculadas a la organización de los recursos- fueron expuestos aún antes, en una audiencia que Aguas ofreció en la Legislatura en el mes de septiembre, a poco de iniciada la emergencia. Entre las modificaciones más fuertes se infirmó que se elaboraban mecanismos para dividir a los usuarios por su capacidad contributiva.
