La familia de Ian Cabrera cuestiona que el expediente pase a la Justicia de Familia y busca establecer responsabilidades por el ataque ocurrido en la Escuela Normal Mariano Moreno. El Ministerio Público de la Acusación también apeló la resolución judicial.
El caso por el ataque ocurrido en una escuela de San Cristóbal, en el que murió Ian Cabrera, de 13 años, sumó nuevas instancias judiciales. La querella que representa a la familia de la víctima cuestionó el sobreseimiento de Gino C., el adolescente de 15 años señalado como autor del ataque, y avanzó con acciones por la vía civil.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) también presentó una apelación ante la Cámara de Apelaciones de Rafaela. El planteo busca que la causa continúe bajo supervisión del fuero penal, en lugar de ser remitida en su totalidad a la Justicia de Familia, tal como dispuso el juez José Alberto Boaglio.
La resolución, dictada el 5 de octubre, se fundamentó en la legislación vigente al momento del hecho, ocurrido el 30 de marzo de 2026. En ese entonces, la edad mínima de imputabilidad penal era de 16 años, por lo que el adolescente, que tenía 15, no podía ser juzgado penalmente. La reforma que redujo esa edad a 14 años entró en vigencia con posterioridad y no se aplica retroactivamente al caso.
La discusión judicial se centra ahora en quién debe controlar las medidas que continúan vigentes y supervisar las actuaciones pendientes. La Cámara deberá resolver los planteos presentados.
La familia impulsa acciones civiles
En paralelo, Luis Hilbert, abogado de la familia de Ian, confirmó que se impulsan reclamos civiles contra los padres y el abuelo del adolescente. La querella sostiene que deben analizarse las responsabilidades vinculadas con el acceso al arma utilizada durante el ataque, cuya custodia atribuye al abuelo.
Además, la familia busca establecer posibles responsabilidades de la Escuela Normal Mariano Moreno N.º 40, del Ministerio de Educación y del Estado provincial. Según informó el abogado, se presentó un reclamo administrativo previo contra las autoridades provinciales, como paso anterior a una eventual demanda judicial.
Estos planteos deberán ser evaluados por las vías correspondientes y no implican, por sí mismos, que las responsabilidades señaladas hayan sido determinadas judicialmente.
El ataque ocurrido en marzo conmocionó a la comunidad de San Cristóbal y dejó, además de la muerte de Ian, otras ocho personas heridas. Mientras se espera una definición sobre la apelación, la familia continúa reclamando respuestas y busca que se determinen las responsabilidades que considera vinculadas con lo sucedido.
