La Cámara de Diputados provincial dio media sanción a un proyecto que establece nuevas restricciones para quienes incumplan con el pago de cuotas alimentarias. La iniciativa también contempla limitaciones para obtener la licencia de conducir, acceder a cargos públicos y recibir beneficios tributarios.
La provincia de Santa Fe avanzó con un proyecto de ley que busca endurecer las medidas contra las personas que incumplen con el pago de las cuotas alimentarias establecidas por la Justicia. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y deberá ser tratada por el Senado para convertirse en ley.
Entre sus principales puntos, la propuesta contempla prohibir el ingreso a estadios de fútbol donde se disputen partidos de Primera División de la AFA, así como a casinos, bingos y otras salas de juego. También prevé restricciones para registrarse en plataformas de apuestas y cobrar premios.
Qué otras restricciones contempla el proyecto
La iniciativa establece que será considerada morosa la persona que adeude, total o parcialmente, dos cuotas alimentarias consecutivas o alternadas dentro de un período de 12 meses. La condición deberá ser determinada judicialmente.
Entre las medidas previstas se encuentran:
Licencia de conducir: se limitaría la posibilidad de obtenerla o renovarla. Para determinados casos se contempla un permiso provisorio de 90 días cuando se demuestre que el carnet es indispensable para trabajar.
Cargos públicos: habría impedimentos para postularse a cargos electivos provinciales o municipales y para acceder a determinadas designaciones en la función pública.
Beneficios económicos: se restringiría el acceso a beneficios tributarios y planes provinciales de regularización de deudas.
Para quienes acumulen seis cuotas impagas en un período de 12 meses, el proyecto prevé medidas más severas, como restricciones para obtener habilitaciones, permisos y licencias, además de la inhibición general de bienes que deberá disponer un juez.
Un nuevo registro provincial
La propuesta también plantea crear el Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias, que funcionaría bajo la órbita del Poder Ejecutivo y reemplazaría al registro actual, administrado por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
La base de datos permitirá consultar la situación de cumplimiento de las obligaciones alimentarias fijadas judicialmente. Será pública y gratuita, aunque no se permitirá descargar listados masivos ni indexar los resultados en buscadores de Internet.
La inscripción en el registro no implicará automáticamente la aplicación de todas las sanciones: para activar las restricciones previstas, deberá acreditarse la condición de morosidad conforme a los criterios establecidos en el proyecto.
Tras la media sanción en Diputados, la iniciativa pasó al Senado provincial. Si obtiene la aprobación definitiva, la norma entrará en vigencia seis meses después de su promulgación, con la posibilidad de extender ese plazo por otros seis meses para completar su implementación.
