El Gobierno provincial intenta frenar el avance de construcciones ilegales y delimitar los espacios públicos y privados en un territorio de más de mil hectáreas frente al Riacho Santa Fe.
La Isla Sirgadero, una vasta propiedad de 1.051 hectáreas ubicada frente al acceso al Riacho Santa Fe –que abarca todo el distrito costero de Alto Verde y la Vuelta del Paraguayo– volvió a ser escenario de conflictos. La disputa, que involucra a 16 cotitulares, enfrenta intereses privados, reclamos vecinales e intervenciones estatales por usurpaciones, obras ilegales y diferencias en la delimitación del espacio público y privado.
La situación, que se arrastra desde hace años, se intensificó en los últimos meses con la intervención del Estado provincial, que busca ordenar el territorio mediante la determinación de la línea de ribera. Esta medida técnica y jurídica establece hasta dónde llega el dominio público sobre el área isleña y cuáles son los límites de las propiedades privadas.
Disputas y reclamos por irregularidades
En el centro del conflicto aparecen clubes históricos y organizaciones locales que denuncian rellenos, usurpaciones y construcciones no autorizadas en zonas protegidas. Entre ellos figuran el Yacht Club Santa Fe, Los Tobas y la Agrupación Tribu Guácharos, que reclaman desde hace tiempo la regularización de las actividades y el control de los movimientos de tierra que alteran el entorno natural.
A la disputa entre particulares se suma un juicio de división de condominio entre los propietarios de la isla, cuyo avance judicial no se hizo público, mientras los conflictos sobre el terreno continúan multiplicándose..
La intervención del Estado y la línea de ribera
En 2022, la Secretaría de Recursos Hídricos (SRH) dispuso, mediante la resolución Nº 107/22, la creación de una mesa de trabajo para determinar la línea de ribera. Posteriormente, el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat (MISPyH) emitió la resolución Nº 1529/22, que ordenó la paralización de toda actividad privada en el sector en conflicto.
Un año más tarde, a través del Decreto Nº 2819/23, el Gobierno provincial determinó oficialmente esa línea. Sin embargo, uno de los actores privados presentó un pedido de revocatoria que fue rechazado, aunque el caso derivó en un recurso contencioso administrativo, trasladando la disputa al ámbito judicial.
Obras ilegales y sanciones ambientales
Durante los relevamientos, la Unidad de Atención de Procedimientos (UAP 13.740) detectó graves irregularidades: movimientos de suelo, rellenos y construcciones sin permiso que afectaron el ecosistema y el escurrimiento natural del agua.
Entre los casos más graves se constató el alteo de terreno para construir una vivienda permanente y el relleno de áreas con escombros. También se detectó la construcción de un terraplén de tres metros de altura, ejecutado sin autorización, que obstruye el drenaje natural.
Las infracciones a las Leyes Nº 13.740 (Régimen de Aguas) y Nº 11.730 (Protección del Medio Ambiente) derivaron en sumarios administrativos y sanciones. El Ministerio de Infraestructura dispuso, además, que la Provincia intervenga a costa de los infractores para restablecer las condiciones originales del terreno.
La intervención de la Justicia
La magnitud del conflicto motivó a la Fiscalía Regional Nº1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a iniciar, en 2023, un proceso de conciliación penal. La reunión, realizada en la Estación Belgrano, contó con la participación de representantes privados, funcionarios provinciales y municipales.
El encuentro dejó una definición clara y unánime: no podrá avanzarse con ninguna acción privada o judicial hasta tanto se determine y materialice de manera efectiva la línea de ribera.
