La jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejó sin efecto formalmente la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar una millonaria indemnización por la expropiación de YPF y dio por concluida su intervención en la etapa de primera instancia. La decisión responde al fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, que había revocado la condena.
La sentencia original, dictada en 2023, establecía que el país debía pagar US$16.100 millones a raíz de la demanda impulsada por antiguos accionistas de la petrolera. Con los intereses acumulados, el monto superaba los US$18.000 millones.
El pronunciamiento de Preska formaliza las consecuencias de la decisión adoptada en marzo por la Cámara de Apelaciones, que concluyó que la magistrada había interpretado de manera incorrecta la legislación argentina. La resolución fue respaldada por los jueces Denny Chin y Beth Robinson, mientras que José Cabranes votó en disidencia.
Entre los argumentos centrales, el tribunal sostuvo que la legislación argentina sobre expropiaciones impedía que terceros interfirieran mediante demandas en el proceso expropiatorio. También consideró que el estatuto de YPF no constituía un contrato bilateral entre accionistas que habilitara reclamos por daños.
La instancia ordinaria de apelación quedó agotada en junio, cuando el pleno del tribunal rechazó un pedido de revisión. Sin embargo, el litigio todavía podría continuar ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
A principios de octubre, Burford Capital, el fondo que financia la demanda presentada originalmente por las sociedades Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, solicitó que el máximo tribunal estadounidense revise el fallo de la Cámara. En su presentación, calificó la decisión como gravemente errónea y cuestionó sus posibles consecuencias.
La Corte Suprema no está obligada a aceptar el caso. Recibe entre 7.000 y 8.000 solicitudes de revisión por año y suele admitir alrededor de 80, sin un plazo establecido para resolver si interviene.
En paralelo, Burford abrió un reclamo arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.
De esta manera, la decisión de Preska cierra formalmente la etapa de primera instancia y deja atrás la condena original, aunque la disputa por la expropiación de YPF todavía tiene vías de continuidad judicial y arbitral.
