El abogado laboralista y secretario general del PJ Castellanos, Andres Brarda, cuestionó la media sanción aprobada en el Senado. De igual forma alertó sobre el banco de horas, el Fondo de Asistencia Laboral y las restricciones al derecho de huelga. «Es el comienzo de una lucha que se va a prolongar», advirtió.
El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, con 42 votos a favor y 30 en contra, luego de un extenso debate atravesado por negociaciones con bloques dialoguistas y algunos sectores gremiales. La iniciativa —que ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados— incorpora cambios de fondo en el régimen laboral argentino, entre ellos la creación de un Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos, la implementación de un banco de horas, la simplificación del registro laboral y la ampliación de los servicios esenciales con nuevas restricciones al derecho de huelga.
En ese contexto, el abogado laboralista Andrés Brarda, asesor legal de la CGT Regional Rafaela y secretario general del Partido Justicialista del Departamento Castellanos, fue entrevistado por Gonzalo Bianco, en el programa «La Mañana», de FM 97.3 Radio Universidad, donde expresó su fuerte rechazo a la norma.
Brarda sostuvo que el clima que se vive es de preocupación y que los dirigentes sindicales coincidieron en que la media sanción «es el comienzo de una lucha que parece que se va a prolongar en el tiempo».
«De moderna no tiene nada»
Desde el plano técnico, el abogado cuestionó el espíritu de la reforma. «Esta organización laboral, que de moderna no tiene nada, sino que es restrictiva y volvemos atrás en el tiempo, vulnera derechos de los trabajadores y conquistas de años de lucha», afirmó.
Según explicó, bajo el argumento de fomentar la creación de empleo y combatir la denominada «industria del juicio», el proyecto «aumenta los poderes de la parte empleadora, que ya de por sí tiene amplios poderes, como el de administración, de dirección y disciplinario».
Uno de los puntos más críticos, según indicó el secretario general del PJ del departamento Castellanos, es la implementación del banco de horas, que permitiría modificar la jornada laboral de manera más flexible. «La jornada limitada de 8 horas diarias o 48 semanales fue una de las primeras grandes conquistas obreras. Con esta reforma, el empleador podría exigir hasta 12 horas diarias, con la única limitación de que haya 12 horas de descanso entre jornada y jornada», advirtió.
Para graficar el impacto, planteó un caso práctico. «Un trabajador de panadería podría trabajar 10 horas lunes, martes y miércoles. Antes tenía seis horas extras para cobrar. Ahora, en lugar de pagarlas, el empleador podría decirle que el jueves no vaya o que compense esas horas otro día. Eso no sólo implica una pérdida de poder adquisitivo, sino que le impide al trabajador organizar su vida».
Brarda rechazó el argumento de que estas modificaciones surgirán de acuerdos entre partes. «Nunca se ponen en pie de igualdad trabajador y empleador. El trabajador no está en la misma posición para negociar. Por eso existe el derecho laboral, con normas inderogables que protegen a la parte más débil», remarcó.
Fondo de Asistencia y las jubilaciones
Otro de los puntos cuestionados es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, destinado a financiar indemnizaciones por despido. «Hay que ver de dónde sale el dinero. No es que el empleador aporta más, sino que se tomarían recursos de las cajas de previsión social. Es pan para hoy y hambre para mañana», sostuvo.
Según Brarda, desfinanciar el sistema previsional para abaratar despidos puede generar un efecto adverso a mediano plazo. «Si castigamos la seguridad social, habrá menos dinero para pagar jubilaciones. Se nos dice que con más empleo habrá más aportes. Yo lo dudo», afirmó.
Además, consideró que abaratar el costo del despido podría facilitar decisiones empresariales que hoy se frenan por su impacto económico, con estas condiciones «el trabajador queda con mayor temor y, por ende, más sometido», señaló.
Huelga, obras sociales y sistema de salud
El proyecto también amplía la definición de servicios esenciales, lo que implica mayores restricciones al derecho de huelga en determinadas actividades. Para Brarda, esto forma parte de un paquete más amplio que afecta la estructura sindical y el sistema de salud.
«Se está produciendo un desmantelamiento de las obras sociales. Si se reducen aportes, se debilita el sistema y se sobrecarga el sistema público de salud», advirtió. En ese sentido, vinculó la reforma con la realidad local donde, «hoy mucha gente recurre al hospital público porque las obras sociales no dan abasto o porque las prepagas son carísimas y no las pueden pagar. Todo está vinculado al mundo del trabajo».
El silencio por parte de sectores del justicialismo
Consultado en su rol político como secretario general del PJ Castellanos, Brarda cuestionó la falta de posicionamientos claros de algunos referentes. «Sería bueno que los representantes con cargos legislativos o de relevancia se expresen. Rafaela ya no es esa isla donde lo Nacional no impacta en lo local; lo que se decide a nivel nacional nos afecta directamente», planteó.
Mencionó como ejemplo la apertura de importaciones, la caída del empleo y la desindustrialización. «Se van a venir tiempos difíciles y sería importante tener una postura unificada», sostuvo.
Finalmente, defendió la participación sindical en el debate político. «Muchos dicen que los sindicalistas deben limitarse a discutir condiciones laborales y no meterse en política. Pero el derecho sindical implica defender los derechos e intereses de la clase trabajadora en todo lo que atañe a sus condiciones de vida. Si vemos políticas económicas e internacionales que afectan a los trabajadores, tenemos la obligación de actuar», concluyó.
