El Colegio de Abogados de Rafaela advirtió que la ausencia prolongada de nombramientos en el Poder Judicial provoca un colapso en el servicio de justicia y vulnera derechos fundamentales de la ciudadanía.
El Colegio de Abogados de Rafaela emitió un contundente comunicado expresando su “profunda preocupación” ante la creciente cantidad de vacantes en el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Según la entidad, la falta de designación de jueces y juezas en juzgados de todas las instancias genera un “colapso funcional” que afecta directamente a la ciudadanía, impidiendo el acceso a una justicia pronta, eficaz y oportuna.
“Esta situación no es nueva, pero se ha agravado de forma insostenible por la inacción del Poder Ejecutivo provincial, al incumplir con su deber constitucional de cubrir los cargos vacantes mediante el envío de los pliegos correspondientes”, señaló el presidente del Colegio de Abogados de Rafaela, Joaquín Cordero.
De acuerdo con lo informado, desde octubre de 2022 no se ha designado un solo magistrado en la provincia, lo que repercute en todas las circunscripciones judiciales, incluyendo Rafaela, San Cristóbal, Ceres y Tostado. La parálisis afecta no solo a jueces civiles, comerciales, laborales y de familia, sino también a algunos fiscales y defensores que aún esperan su nombramiento.
Si bien los concursos para cubrir las vacantes concluyeron entre febrero y abril de este año, los pliegos fueron elevados recién la semana pasada al Poder Ejecutivo para su resolución y posterior envío a la Asamblea Legislativa. Para el Colegio de Abogados, este retraso responde a “una decisión puramente política” que posterga la normalización del sistema judicial.
El comunicado advierte que la demora en las designaciones no solo paraliza el funcionamiento de las ciudades judiciales, sino que “constituye una afrenta directa a los derechos fundamentales de la población”. La acumulación de causas laborales, civiles, penales y de familia sin resolución afecta de manera directa a los justiciables que buscan amparo en los tribunales.
A esta crisis estructural se suma la falta de infraestructura adecuada. El actual edificio de Tribunales de Rafaela resulta insuficiente, lo que obliga a alquilar dependencias en distintos puntos de la ciudad. Un proyecto para construir un nuevo edificio judicial —que incluía la relocalización de todas las áreas y contaba con un predio asignado— quedó sin avanzar por falta de autorización municipal y asignación presupuestaria.
“El Poder Ejecutivo debe asumir con urgencia su responsabilidad institucional y garantizar la cobertura inmediata de los cargos vacantes. No hacerlo implica mantener una justicia inmovilizada, debilitada y ajena a las necesidades reales de la comunidad”, concluyó Cordero, reiterando el compromiso del Colegio con la defensa del Estado de Derecho.
