El concejal oficialista Juan Scavino, intentó explicar el crecimiento de personas en situación de calle en Rafaela como la “punta del iceberg” de un problema estructural nacional, asegurando que el municipio actúa “como nunca antes”. Sin embargo, detrás de ese planteo aparecen vacíos de datos, contradicciones temporales y un desplazamiento de la responsabilidad política local hacia explicaciones abstractas. Desde CASTELLANOS, analizamos por qué ese discurso no sólo resulta inconsistente, sino que vuelve a exponer la incapacidad de la gestión municipal para dimensionar la gravedad del desborde social que atraviesa la ciudad.
La primera debilidad del planteo de Scavino aparece cuando apela a la pobreza del 50% registrada en 2023, durante el gobierno nacional de Alberto Fernández, para explicar una realidad que hoy se expresa en las calles de Rafaela. El concejal habla de “película” y de “proceso”, pero no aporta un solo dato concreto que permita vincular aquellos indicadores nacionales con la dinámica local actual. No hay series históricas, no hay comparaciones interanuales, no hay cifras propias del municipio que permitan sostener que ese fenómeno estructural se tradujo de manera directa y lineal en la ciudad.
La paradoja es evidente: si el argumento es estructural, ¿por qué se recurre a una fotografía nacional desactualizada, ignorando que los índices de pobreza mostraron una baja durante 2024 y 2025 bajo el gobierno de Javier Milei? No se trata aquí de defender ni de atacar a ninguna administración nacional, sino de señalar la falta de criterio analítico. Scavino toma el dato que mejor se ajusta a su relato y omite deliberadamente todo aquello que lo tensiona. El resultado es un diagnóstico acomodado, más funcional al discurso político que a la comprensión real del problema.
En ese marco aparece el refugio de invierno como emblema de la supuesta acción inédita del municipio. Un dispositivo con capacidad para seis personas frente a una problemática que, según el propio concejal, involucra al menos a entre quince y dieciocho individuos en situación de calle. El contraste es brutal. Lejos de abordar el fondo de la cuestión, el refugio opera como un paliativo mínimo que apenas alcanza para mostrar gestión, pero no para modificar la realidad. Es, en términos prácticos, tapar el sol con las manos.
Más aún cuando la contracara de esa “contención” municipal es la instalación de pinchos en edificios públicos, como ocurrió en el estacionamiento de la Secretaría de Cultura. Una política que no sólo no resuelve nada, sino que degrada simbólicamente a las personas en situación de calle, tratándolas como una molestia a erradicar del paisaje urbano. El mensaje es claro: esconder el problema antes que enfrentarlo. Al mismo tiempo, Scavino también acusa oportunismo político en quienes señalan esta realidad. Sin embargo, el oportunismo aparece más bien en quien pretende relativizar un fenómeno que nunca tuvo esta magnitud en Rafaela. Personas durmiendo en la vía pública de manera cotidiana, infancias expuestas en veredas céntricas, escenas naturalizadas a plena luz del día. Todo eso no formaba parte del paisaje urbano hasta hace muy poco tiempo. Negarlo es desconocer la ciudad real. Cuando el concejal afirma que el Estado no puede hacer más que dialogar a través de trabajadores sociales, vuelve a aparecer la excusa. No porque el diálogo no sea necesario, sino porque se lo presenta como único recurso posible. Esa postura revela un gobierno local que reacciona tarde, que no previene, que no planifica y que carece de presencia territorial. La lógica se repite: anuncios sin sostén, diagnósticos sin acción, gestión sin calle.
Un Estado que llega tarde y agrava la exclusión
En Castigar a los pobres (2009), el sociólogo Loïc Wacquant explica que cuando el Estado se retrae de los territorios vulnerables no desaparece, sino que muta: deja de garantizar derechos y presencia social para intervenir de manera fragmentaria, punitiva o meramente simbólica. Ese corrimiento no integra, sino que profundiza la exclusión, porque abandona la prevención y actúa solo cuando el conflicto ya estalló. En Rafaela, esa lógica se traduce en dispositivos mínimos, respuestas tardías y una política social que llega cuando la calle ya se convirtió en destino.
Todo este escenario remite a un problema más profundo, ya señalado en otras notas de este medio: la incapacidad del intendente Leonardo Viotti para dimensionar la gravedad del desborde social. No por maldad, sino por una forma de mirar la ciudad construida a lo largo de su propia biografía. Como explicó Pierre Bourdieu, el habitus condiciona la manera en que las personas perciben y naturalizan la realidad, incluidos quienes ejercen funciones de gobierno. Así, lo que para algunos sectores sociales constituye una alarma que exige intervención inmediata, para otros puede aparecer como parte del paisaje cotidiano, tolerable, casi esperable.
En ese marco, la naturalización del desborde social opera como un límite político concreto. No se trata de no ver, sino de ver sin registrar gravedad. De convivir con escenas de precariedad, consumo, informalidad extrema o vida en la calle sin interpretarlas como una ruptura del orden urbano que exige intervención urgente. Esa mirada explica por qué la gestión reacciona tarde, por qué prioriza el diálogo sin estructura, por qué delega el conflicto en trabajadores sociales sin respaldo político y por qué elige esconder antes que transformar.
Cuando quien gobierna no logra dimensionar la excepcionalidad del presente, el Estado pierde capacidad de anticipación. Y cuando eso ocurre, la ciudad deja de ser pensada como un proyecto común para convertirse en una suma de problemas administrados, sin diagnóstico integral ni decisión política. En Rafaela, esa desconexión entre conducción y realidad territorial se expresa con crudeza en la calle, donde el desborde ya no es una anomalía, sino una escena repetida frente a todos.
