La resolución formaliza una medida ya anticipada días atrás y fija un plazo de 60 días de difusión antes de la aplicación de sanciones en la zona céntrica de Rafaela.
El intendente Leonardo Viotti firmó este viernes el decreto que establece la prohibición de la actividad de trapitos y lavacoches en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC), paso administrativo que formaliza una decisión que había sido anunciada previamente y que ahora inicia su etapa de implementación.
La normativa dispone un período de 60 días de comunicación, difusión y trabajo social antes de que comiencen a aplicarse las sanciones previstas. Durante ese lapso, el Municipio buscará notificar a vecinos, comerciantes y a quienes ejercen la actividad, además de ofrecer herramientas de acompañamiento vinculadas a capacitación laboral, asistencia social, salud y tratamiento de consumos problemáticos.
Una vez cumplido ese plazo, se pondrá en marcha el esquema sancionatorio que contempla multas tanto para quienes realicen el lavado o cuidado de vehículos, quienes acepten ese servicio dentro del sector alcanzado por la medida y quienes faciliten herramientas o servicios para que se concrete la prestación. Las penalidades estarán determinadas por unidades de cuenta municipal, irían desde 3 a 100 UM (Unidad de Multa), y serán graduadas por los jueces de faltas según la reincidencia o gravedad de cada caso. La estrategia que también incluye controles, monitoreo y acciones para impedir la provisión de agua u otros elementos que faciliten la actividad.
El relevamiento municipal identifica a alrededor de 100 personas vinculadas actualmente a esta práctica en la ciudad, con realidades sociales diversas que serán abordadas durante la etapa previa a la aplicación efectiva de la prohibición. En ese sentido, la implementación del decreto combina un enfoque de ordenamiento del espacio público con intervenciones de carácter social.
La firma del decreto marca así el inicio formal del proceso que, de obtener los resultados esperados, podría derivar en el envío de un proyecto al Concejo para convertir la medida en ordenanza permanente. Mientras tanto, comienza a correr el plazo que definirá el impacto real de una disposición largamente reclamada en el ámbito local.
