El Ministerio Público solicitó que Agostina Páez, de 29 años, sea detenida de manera preventiva pese a cumplir arresto con tobillera electrónica. Está acusada de realizar gestos y expresiones racistas contra empleados de un bar.
A casi un mes de permanecer retenida en Río de Janeiro, la situación judicial de Agostina Páez se agravó en las últimas horas. El Ministerio Público Fiscal de la ciudad carioca solicitó su prisión preventiva, a pesar de que la turista argentina cumple medidas cautelares con vigilancia electrónica y permanece aislada en un departamento.
Según el comunicado oficial del Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ), la denuncia penal indica que Páez se encontraba junto a dos amigas en un restaurante cuando, tras una discusión por el monto de la cuenta, insultó de manera ofensiva a empleados del local con expresiones vinculadas al color de piel. De acuerdo con la acusación, habría llamado “negro” a un mozo con la intención de discriminarlo y luego se dirigió a la cajera, a quien llamó “mono” y le realizó gestos que simulaban a ese animal.
El fiscal a cargo de la investigación consideró que las medidas cautelares adoptadas hasta el momento —entre ellas, el uso de tobillera electrónica— no resultan suficientes para neutralizar el riesgo procesal. En su pedido de prisión preventiva, sostuvo que la acusada persistió en conductas racistas incluso después de haber sido advertida de que se trataba de un delito en Brasil, y que su actitud evidencia “desprecio por las normas jurídicas y sociales”, así como un bajo acatamiento a las órdenes judiciales.
Páez debía regresar a la Argentina hace más de tres semanas, pero la escalada judicial del caso le impidió abandonar Brasil. Desde entonces, debió alquilar un nuevo alojamiento por tiempo indeterminado, donde permanece acompañada por su hermana y amigas. Su abogado, Sebastián Robles, advirtió que la situación económica es compleja y que la estadía prolongada en Río representa una carga difícil de sostener.
Imputada por el delito de “injuria racial”, la joven no tiene restricciones para circular por la ciudad ni se encuentra indocumentada, ya que su DNI le fue devuelto. Sin embargo, la tobillera electrónica le impide acercarse a zonas fronterizas. En paralelo, su defensa presentó un habeas corpus para solicitar que se le permita regresar a la Argentina y continuar el proceso judicial desde allí, a la espera de una resolución que podría conocerse en los próximos días.
