Se trata de María Laura Garrigós, ex directora del Servicio Penitenciario Federal durante el gobierno de Alberto Fernández. La misma es investigada por haber favorecido que líderes narcos mantuvieran contacto con el exterior de las cárceles a través de teléfonos celulares.
La Justicia federal de Rosario llamó a declarar a María Laura Garrigós de Rébori, quien estuvo a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante la gestión de Alberto Fernández. La exfuncionaria, junto a otros responsables, es investigada por presuntas omisiones que habrían favorecido que líderes de organizaciones narcocriminales, como Ariel “Guille” Cantero y Esteban Alvarado, mantuvieran contacto con el exterior de las cárceles a través de teléfonos celulares.
De acuerdo con un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), pese a las condenas y detenciones, numerosos cabecillas “seguían dando instrucciones desde las cárceles”. El acceso a celulares dentro de los penales, incluso en módulos de máxima seguridad, habría permitido planificar delitos como narcotráfico, amenazas, lavado de dinero, secuestros y homicidios.
La acusación contra Garrigós subraya que, en su rol de interventora y luego al finalizar esa etapa, “omitió poner en marcha un plan de acción para ejecutar lo dispuesto por el artículo 160 de la ley 24.660”, que exige “llevar adelante las acciones conducentes para la adquisición e instalación dentro del ámbito de los establecimientos penitenciarios de inhibidores de señal que impidan la realización de comunicaciones de telefonía móvil por parte de los internos”.
La causa se remonta al 25 de marzo de 2022, cuando se descubrió que Ariel Cantero, jefe de Los Monos, disponía de “un aparato de telefonía celular, que se encontraba oculto dentro de un televisor que aquel tenía en su lugar de alojamiento”.
Durante la administración de Alberto Fernández, la Procunar presentó dos extensos informes donde se documentaba cómo varios líderes narcos continuaban con sus actividades ilícitas desde las cárceles. Por su parte, la Procuración General de la Nación había advertido en al menos dos oportunidades (en 2021 y 2023) que resultaba necesario implementar controles más estrictos “de manera urgente”, para impedir que desde los penales federales los jefes narcos continuaran dirigiendo el negocio de la droga y ordenando secuestros, crímenes y amenazas.
Pablo Javkin, intendente de Rosario, expresó este lunes en sus redes sociales: “¿Cuántas veces dijimos que lo que había que hacer era cortar la joda en las cárceles? Era tal cual. Que se haga justicia. Que paguen por tanto dolor. Que no vuelvan nunca más”.
La indagatoria fue requerida por los fiscales Claudio Kishimoto y Matías Scilabra, de la Unidad Fiscal Rosario; Diego Iglesias y Martín Uriona, de la Procunar; y María Garmendia Ortega, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). El juez federal Carlos Vera Barros fijó las audiencias para el 25 y 27 de agosto, en las que deberán declarar Garrigós, Sonia Mariela Álvarez, Diego Alberto García y Guillermo Eduardo Migueles.
