El Gobierno nacional autorizó la segunda etapa del proceso de privatización de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y abrió el camino para la venta de sus participaciones accionarias en tres centrales termoeléctricas. La medida fue oficializada este lunes a través del Decreto 1107/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La iniciativa contempla la transferencia de la totalidad de las acciones que ENARSA posee en tres sociedades dedicadas a la generación de energía eléctrica, mediante licitaciones públicas de alcance nacional e internacional.
El proceso se enmarca en la Ley de Bases, que incluyó a ENARSA entre las empresas sujetas a privatización, y se complementa con la Ley de Reforma del Estado y los decretos reglamentarios 695/2024 y 286/2025.
La venta de activos comprende las participaciones estatales en tres sociedades vinculadas a la generación de energía eléctrica.
En el caso de Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. (TMB S.A.), se autorizó la venta del 65,01% del capital social, correspondiente a la totalidad de las acciones en manos de ENARSA.
Por su parte, en Termoeléctrica José de San Martín S.A. (TSM S.A.), se pondrá a la venta el 68,83% del capital social, también perteneciente a la empresa estatal.
En tanto, la privatización de Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A. (CTGB S.A.) se concretará una vez que se liquide el fideicomiso correspondiente y ENARSA quede formalmente incorporada como accionista de la sociedad. El plazo de extinción de ese fideicomiso está previsto para el 30 de septiembre de 2026.
El capital restante de las tres compañías continuará en manos de las empresas generadoras privadas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que participaron originalmente en el Fondo FONINVEMEM.
El decreto establece que las licitaciones no contemplarán un Programa de Propiedad Participada (PPP) ni otorgarán preferencias. Sin embargo, los pliegos deberán garantizar los derechos de preferencia que los socios privados tengan reconocidos en los estatutos de cada una de las sociedades.
El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación del proceso y trabajará junto con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” en la elaboración de los pliegos y la ejecución de los llamados a licitación.
