Estados Unidos profundizó su ofensiva contra Cuba con nuevas sanciones dirigidas a empresas estatales vinculadas a los sectores de minería, metales y construcción, además de tres funcionarios del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). Las medidas se conocen mientras la isla atraviesa una fuerte crisis económica, energética y de abastecimiento.
Los departamentos del Tesoro y de Estado de Estados Unidos incorporaron a nueve entidades cubanas a su lista de sancionados. Entre ellas se encuentran el Ministerio de la Construcción, empresas vinculadas a la industria del níquel y el sector metalúrgico, y firmas dedicadas a la importación, exportación y comercialización de distintos productos.
También fueron alcanzados tres dirigentes del ICAP: su presidente y diputado Fernando González Llort, la vicepresidenta primera Noemí Rabaza Fernández y la directora para Norteamérica, Leima Martínez Freire.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, justificó las medidas al acusar al ICAP de promover una red destinada a captar y radicalizar ciudadanos estadounidenses. Desde Washington señalaron que las nuevas sanciones buscan limitar las fuentes de financiamiento del gobierno cubano.
La estrategia de Washington contra Cuba
Las nuevas restricciones se suman a una política de mayor presión impulsada por la administración de Donald Trump desde comienzos de 2026. Entre las medidas adoptadas se encuentran un bloqueo petrolero, sanciones contra empresas cubanas y advertencias a compañías extranjeras que mantengan relaciones comerciales con entidades de la isla.
Washington también reforzó las restricciones que impiden a ciudadanos estadounidenses realizar determinadas operaciones con empresas controladas por el Estado cubano durante sus viajes a la isla.
En los últimos días, varios ciudadanos estadounidenses que regresaban de Cuba luego de participar en actividades por el centenario del nacimiento de Fidel Castro fueron retenidos brevemente en el aeropuerto de Miami. Algunos dispositivos electrónicos fueron incautados para su revisión y los viajeros podrían enfrentar consecuencias legales si las autoridades determinan que incumplieron las sanciones vigentes.
La respuesta del gobierno cubano
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó las nuevas medidas y acusó al gobierno estadounidense de buscar un deterioro deliberado de la economía de la isla.
El funcionario sostuvo que las sanciones contra empresas cubanas tienen como objetivo afectar la capacidad del gobierno para garantizar servicios básicos a la población. También cuestionó las restricciones aplicadas contra los dirigentes del ICAP y defendió el rol del organismo en sus vínculos internacionales.
Rodríguez afirmó además que las sanciones dificultan el transporte de contenedores con alimentos, medicamentos y productos médicos adquiridos principalmente por pequeñas y medianas empresas privadas cubanas.
Cuba enfrenta una profunda crisis energética
La escalada de sanciones ocurre en un contexto especialmente delicado para Cuba. La isla atraviesa una grave escasez de combustible que profundizó su crisis energética y provocó apagones generalizados, restricciones en el transporte público, dificultades para acceder a medicamentos y reducciones en las jornadas laborales.
A esta situación se suma la caída del turismo, una de las principales fuentes de divisas del país, que agravó una economía golpeada por años de deterioro.
La combinación de las restricciones estadounidenses, la falta de combustible y los problemas estructurales de la economía cubana mantiene a la isla frente a uno de sus escenarios más complejos de las últimas décadas.
