En una ampliación de la demanda colectiva por la estafa de la criptomoneda, el escrito menciona a la secretaria general de la Presidencia como puente clave con el operador involucrado.
Desde Nueva York llegó una noticia que sacude el entorno político en Buenos Aires. Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia, fue mencionada por primera vez en los documentos judiciales presentados en el caso $LIBRA, el criptoescándalo que involucra una multimillonaria pérdida para inversores. Aunque no figura como acusada formalmente, los abogados demandantes detallan que fue ella quien autorizó el ingreso de Hayden Davis el 16 de julio de 2024 a la Casa Rosada.
Davis es acusado de liderar una red de fraude financiero y crimen organizado que habría utilizado vínculos con la secretaria General de la Presidencia para obtener respaldo político y facilitar el lanzamiento del token digital, hoy desplomado.
La demanda colectiva, con base legal bajo la Ley RICO (pensada para perseguir redes de crimen organizado en EE.UU.), no solo menciona más de 50 veces a Javier Milei por su rol promocional del token en redes sociales, sino que también asocia a Karina con Davis, al registrar que ella facilitó reuniones clave y habría actuado como intermediaria. Incluso se incluyen chats donde Davis liga su acceso privilegiado al apoyo de la funcionaria, mencionando frases como: “Le envié dinero a la hermana y él firma todo lo que yo digo”.
La inclusión de Karina en el expediente marca una ruptura con el relato oficial del gobierno, complica el tablero político, no solo se pone en juego la limpieza del mensaje presidencial, sino también la institucionalidad del cargo que ejerce como mano derecha del mandatario. La Justicia estadounidense la alude como pieza del entramado que buscó legitimar el token entre inversores.
Según los demandantes, $LIBRA se presentó como una inversión innovadora destinada a financiar iniciativas libertarias, pero su diseño permitía a los desarrolladores retirar fondos sin notificación a los inversores. Lograron captar unos US$4.000 millones antes de que el precio del token colapsara. El escrito dice que el derrumbe no fue accidental, sino parte de una maniobra premeditada para vaciar la liquidez y maximizar beneficios para los impulsores del proyecto.
En Argentina, la causa avanza a paso lento. El propio Ejecutivo eliminó la unidad especial creada para investigar el caso, y en el Congreso una comisión investigadora impulsada por la oposición sigue bloqueada. A nivel internacional, sin embargo, el bloque legal que presentó la demanda insiste en que hay elementos probatorios suficientes para extender congelamientos de fondos y avanzar hacia juicios por estafa, enriquecimiento ilícito y crimen organizado.
La mención de Karina amplía el foco del escándalo. Ya no es solo el presidente, sino su círculo íntimo quien queda expuesto en el juicio que sacude la Casa Rosada.
