Mientras el Gobierno acelera la reforma laboral, la oposición articula en el Congreso para rechazar el decreto que amplió las facultades de los organismos de inteligencia. El resultado puede marcar el primer revés legislativo de 2026.
El Gobierno apuesta a avanzar en febrero con la sanción de la reforma de “modernización laboral”, pero en paralelo se le abre un frente que amenaza con convertirse en su primer desafío político del año: el decreto de necesidad y urgencia que reformuló el sistema de inteligencia y amplió las atribuciones de la SIDE.
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En la oposición ya circulan conversaciones informales para voltear el DNU 941/25, una norma que habilita, entre otros puntos sensibles, que los agentes de inteligencia puedan aprehender personas en determinados supuestos. El movimiento se cocina con bajo perfil, mientras la Casa Rosada concentra su capital político en el capítulo laboral.
Con el Congreso aún en receso, el rechazo comenzó a canalizarse por la vía judicial: al menos cuatro amparos fueron presentados para frenar la aplicación del decreto por presunta inconstitucionalidad. Sin embargo, el verdadero test llegará cuando se reactive la actividad parlamentaria y el tema ingrese de lleno en la agenda legislativa.
Este viernes vence el plazo para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remita el DNU al Congreso. Desde ese momento, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo contará con diez días hábiles para dictaminar. Luego, cualquiera de las dos cámaras podrá llevar el decreto al recinto. Para rechazarlo se necesitarán 37 votos en el Senado o 129 en Diputados. El DNU solo cae si ambas cámaras lo desaprueban.
Los números son ajustados y el desenlace depende, en gran medida, de los bloques del centro político. Radicales, peronistas provinciales y fuerzas intermedias concentran la llave para construir una mayoría adversa al Gobierno.
En el Senado, Unión por la Patria reúne 28 bancas entre sus distintos subbloques, a las que podrían sumarse legisladores provinciales y radicales críticos. “Es posible llegar a 37 por una cuestión de principios, pero no está garantizado”, reconocen desde el peronismo.
Por ahora, desde los espacios provinciales buscan despegar la discusión por la SIDE de la negociación por la reforma laboral. “Son dos temas distintos”, repiten, aun cuando el proyecto laboral incluye recortes coparticipables que generan fuerte resistencia entre los gobernadores.
Un día después de la publicación del decreto, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal emitieron un comunicado conjunto anticipando su rechazo: “No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado”. El espacio nuclea a legisladores que responden a gobernadores como Ignacio Torres, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, y suma un volumen decisivo de votos.
El antecedente inmediato alimenta las expectativas opositoras: el primer DNU que el Congreso le rechazó a Milei fue el que destinaba $100.000 millones a la SIDE. Aquella vez confluyeron PJ, UCR y Pro. Esta vez, sin embargo, el macrismo parece jugar en otra cancha.
El jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, elogió los cambios impulsados por el Gobierno y evitó fijar una postura definitiva. Días atrás, además, se mostró públicamente con Santiago Caputo, el asesor presidencial que concentra el control político de la SIDE a través de su titular, Cristian Auguadra.
Mientras tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, recorre las provincias para alinear apoyos a la reforma laboral, y este viernes se reunirá por primera vez en el año la mesa política del oficialismo, con Caputo, Santilli, Martín Menem y Patricia Bullrich.
El dilema es claro: mientras Milei acelera su reforma insignia, el DNU de la SIDE amenaza con convertirse en el primer golpe legislativo del año. Si cae, el costo político será inmediato. Si sobrevive, el Gobierno habrá demostrado que también puede blindarse en el terreno más sensible del Estado.
