Especialistas reclamaron mayor control, certificaciones obligatorias y la aplicación de reglamentaciones nacionales para reducir riesgos en viviendas y espacios públicos.
La seguridad eléctrica volvió a instalarse en la agenda del Concejo Municipal de Rafaela a partir de la presentación de un proyecto que propone actualizar y aplicar de manera efectiva la normativa vigente, en consonancia con los estándares nacionales de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA). La iniciativa fue expuesta por el ingeniero electromecánico Horacio Dominino, acompañado por los técnicos Diego Bollati y Gerardo Manera, integrantes de ASELAF, entidad que desde hace décadas trabaja sobre esta problemática en la ciudad.
El planteo parte de un diagnóstico claro: la ordenanza municipal que regula las instalaciones eléctricas data de 1986, presenta modificaciones que contradicen normas nacionales obligatorias y, en la práctica, carece de controles técnicos efectivos, lo que expone a la población a riesgos evitables como electrocuciones e incendios.
“Es un problema de larga data. Si bien soy yo el que hace la presentación, esto es un trabajo grupal, de profesionales y de gente interesada en que la seguridad eléctrica sea tratada seriamente en Rafaela”, explicó Dominino en diálogo con CASTELLANOS.
El entrevistado remarcó que entre el 40% y el 60% de los incendios urbanos tienen origen en fallas de instalaciones eléctricas, según estadísticas del sistema bomberil, un dato que coincide con registros de otras ciudades del país. “Lo que se quiere es que no haya víctimas por choque eléctrico ni incendios por fallas eléctricas. Eso sucede porque no se cumple con la normativa nacional que está vigente”, sostuvo.
Dominino recordó que las normas de la AEA tienen respaldo legal en la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, por lo que su cumplimiento es obligatorio en todo el territorio argentino. “La ley nacional está por encima de cualquier ordenanza municipal. No puede haber una norma local que contradiga lo que establece la AEA”, enfatizó.
Certificación y controles
Otro de los puntos señalados fue el uso de materiales eléctricos no certificados, que reducen drásticamente la vida útil y la seguridad de las instalaciones. “He sacado jabalinas que en cinco meses ya habían perdido el cobre. Eso va directamente contra la seguridad de las personas”, ejemplificó Dominino.
A esto se suma la sobrecarga de instalaciones domiciliarias, producto del aumento sostenido del uso de artefactos eléctricos. “Hoy todo es eléctrico: hornos, microondas, calefacción. Las instalaciones de hace 30 años no estaban pensadas para esta demanda”, advirtió.
Entre las propuestas centrales se encuentra la exigencia de Certificados de Seguridad Eléctrica, especialmente ante cambios de inquilinos o compraventa de inmuebles, así como la obligatoriedad de contar con proyectos técnicos, responsables de obra e instaladores habilitados, de manera similar a lo que ocurre con el gas.
“No hay que inventar nada. Todo está reglamentado. Lo único que hay que hacer es controlar que se cumplan las reglamentaciones vigentes”, afirmó.
En ese sentido, Dominino subrayó la responsabilidad del Municipio en la fiscalización técnica, con inspecciones mínimas en distintas etapas de obra y con el instrumental adecuado para verificar puestas a tierra y el correcto funcionamiento de disyuntores y protecciones. “Una instalación nueva no siempre es una instalación segura. Por eso insistimos en la aplicación y el control del reglamento AEA”, remarcó.
Capacitaciones
El proyecto también propone una articulación activa entre el Municipio, la EPE, universidades, colegios profesionales y asociaciones técnicas, evitando procesos extensos que dilaten decisiones clave.
Como complemento, Dominino anunció la realización de una jornada abierta sobre seguridad eléctrica en abril, con la participación de la AEA, APSE y la Fundación Relevando Peligros. “No va a ser solo para profesionales. Queremos que participe el público en general, estudiantes y docentes, para que todos tomen conciencia”, explicó.
El eje que atraviesa toda la propuesta es la prevención. “Todo esto es para lograr que no haya más muertes por choque eléctrico. Es totalmente evitable. Si se cumple la normativa, el riesgo se reduce casi a cero”, concluyó Dominino.
La iniciativa quedó ahora en manos del Concejo Municipal, donde se espera que avance el debate sobre una normativa que priorice la seguridad, la prevención de siniestros y la protección de la vida humana en Rafaela.
