El gobernador compartió el hecho en sus redes sociales y aseguró que se encontraron dispositivos de audio y video en varias oficinas públicas. “La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian”, aseguró.
El Gobierno de la provincia de Entre Ríos informó que hoy encontraron dispositivos de grabación de audio y video ocultos en dependencias oficiales. Algunos de estos aparatos estaban escondidos en las oficinas del gobernador Rogelio Frigerio y en la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello.
Se trata de un hecho gravísimo que no encuentra antecedentes en la historia de Entre Ríos, al menos desde la recuperación de la democracia.
El propio mandatario provincial se hizo eco de la situación y denunció el hecho en sus redes sociales. «Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría general de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes», sostuvo.
Y agregó: “En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian. No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023″.
Además de haberlos desmontado, las autoridades entrerrianas dispusieron dos acciones inmediatas. En primer lugar, una denuncia penal. Voceros oficiales adelantaron que la intención es que la justicia “investigue quiénes colocaron estos dispositivos y con qué finalidad”.
En paralelo, el inicio de una investigación administrativa interna. Esta decisión permitirá determinar responsabilidades y posibles complicidades dentro de la estructura del Estado.
El operativo de detección se hizo luego de que surgieran sospechas de que algo raro había. Es que muchas conversaciones privadas de los funcionarios terminaban circulando en público casi de inmediato. En el procedimiento intervino personal de la Policía de Entre Ríos que constató el tipo de dispositivos y su fin.
Con relación a esto, cabe consignar que Frigerio recibirá mañana al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro del Interior, Diego Santilli.
En el comunicado oficial, el Gobierno provincial señaló que este tipo de prácticas “constituyen un delito grave, atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas”.
